Los parlamentarios pactan su cuarta congelación salarial

MADRID- La «poda» llega al Congreso y al Senado. El acuerdo de no disponibilidad aprobado por el Gobierno para los presupuestos prorrogado de 2011 tendrá consecuencias también en las Cortes Generales. El recorte suma más de cuatro millones de euros e incluye, como ya adelantó LA RAZÓN el pasado 20 de enero, la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones privados que el Parlamento tiene suscritos para diputados, senadores y funcionarios. La propuesta, impulsada al alimón por los presidentes de sendas Cámaras, Jesús Posada y Pío García Escudero, afectará también al Defensor del Pueblo y a la Junta Electoral Central (JEC), así como a las ayudas que recibían las familias de los ex parlamentarios. Así, ambas cámaras han decidido recortar en 300.0000 euros las ayudas a familias de ex diputados; 651.019 en planes de pensiones privados para los diputados; 1.575.269 en aportaciones para la jubilación de los funcionarios; 1.834.880 en tributos locales (tras una resolución de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid que exime al Congreso del pago del IBI); 997.710 en pensiones para senadores y personal laboral de la Cámara Alta; 10.000 euros en dietas para los miembros de la Junta Electoral Central (JEC) y otros 330.630 euros en gastos corrientes y de personal del Defensor del Pueblo.
Las Mesas del Congreso y del Senado, reunidas ayer en sesión conjunta, aprobaron además la congelación de los sueldos de diputados y senadores por cuarto año consecutivo. El régimen económico y de protección social al que tienen derecho diputados y senadores es siempre motivo de polémica social, no tanto por el salario de sus señorías –que es de los más bajos de Europa– sino por los complementos y prebendas que se añaden a éstos para evitar una subida retributiva que ningún Gobierno ha querido afrontar por su impopularidad. Así, en los últimos años la llamada «asignación constitucional» que reciben los parlamentarios (3.700 euros los electos por Madrid y 4.600 los del resto de las circunscripciones) se ha ido engordando con complementos en concepto de gastos de representación y libre disposición en función de si el diputado es además portavoz, portavoz adjunto, presidente, vicepresidente o secretario de Comisión, y que oscilan entre los 1.770 euros y 980, respectivamente. Sus señorías tienen derecho, además, a viajar gratis en avión, tren o barco, a recibir 0,25 euros por kilómetro recorrido si viajen en vehículo propio, a 3.000 euros anuales para taxis por la ciudad de Madrid y a dietas diarias de 120 euros para viajes oficiales por España y 150 si es en el extranjero. Precisamente para evitar el pago excesivo de dietas y traslados José Bono decidió la Legislatura anterior suprimir los llamados «grupos de amistad» con Parlamentos de otros países. Decisión que las Mesas de ambas Cámaras decidieron ayer mantener como medida de austeridad. Y en el mismo contexto se explica la decisión de suspender las aportaciones a los planes privados de pensiones. Este diario ya informó que Posada había planteado la semana pasada a la Mesa del Congreso la conveniencia de extender a diputados y senadores la eliminación, durante 2012, de las aportaciones que las administraciones, entidades y sociedades públicas venían realizando a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyen la cobertura de la contingencia de jubilación de los funcionarios. La contribución era de unos 280 euros mensuales por cada uno de los parlamentarios, cantidad que equivale al 10 por ciento de la asignación constitucional.