La AVT pide una ley que iguale indemnizaciones y pensiones de las víctimas

María del Coro Arrieta, viuda de José Martínez Parens, asesinado por ETA en 1985, ha pedido que se legisle en esta materia durante una mesa redonda celebrada dentro de las quintas Jornadas "Universitarios con las víctimas del terrorismo: memoria, dignidad y justicia"de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Arrieta ha denunciado que durante años las víctimas han carecido de apoyo psicológico e institucional, y ha denunciado las desigualdades económicas entre pensiones pasivas y aquellas derivadas de actos terroristas.

La también miembro de la AVT en la Comunitat Valenciana ha denunciado que las pensiones para víctimas de actos terroristas se extinguen a los veintiún años, y ha explicado que las pensiones de clases pasivas se rigen por una legislación especial que, una vez alcanzado ese período, la cuantía no se extingue sino que pasa a ser percibida por un hermano menor huérfano o por la viuda.

Para Arrieta, la legislación actual "vulnera el principio de la igualdad", al tiempo que ha considerado que la nueva ley en proyecto que intenta modificar los regímenes de las pensiones del terrorismo "no solucionará nada".

El delegado de la AVT en Madrid, Carlos María Ruiz, ha coincidido con Arrieta al criticar la desigualdad de las indemnizaciones a víctimas del terrorismo y ha cuestionado la labor de la justicia a la hora de establecer las cuantías.

La indemnización de Madina
Ruiz ha criticado que el diputado socialista Eduardo Madina, víctima de un atentado de ETA, quien "se sienta a la izquierda"del portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, "y a su vez está casado con la hija"del presidente del Senado, Javier Rojo, haya cobrado la mayor indemnización (de tres millones de euros) concedida por la Audiencia Nacional a una víctima de actos terroristas.

Arrieta ha recordado que en 1999 el Gobierno de José María Aznar estableció en veintitrés millones de pesetas (138.000 euros) la cuantía mínima de las indemnizaciones a víctimas de terrorismo, ya que hasta entonces la cantidad variaba debido a que unas víctimas tenían sentencia y otras no.

Ruiz ha lamentado que sea el Estado el que sufraga el coste de esas indemnizaciones y ha considerado que "no cumple"su función, ya que la indemnización debería pagarla el terrorista, y ha propuesto que cuando un etarra fallezca, el Estado confisque sus bienes para pagar a las víctimas.