La Junta debe 20 millones del ERE del ex consejero pese a que pactó pagar 17

SEVILLA- La «paz social» tiene un coste. El objetivo último de los ERE, controlar la conflictividad laboral en una región líder en cifras de paro por encima incluso de las disponibilidades presupuestarias, ha ocasionado episodios tan significativos como el de la bodega González Byass, el expediente en el que figuraba el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. El convenio entre la Junta de Andalucía y la asociación de trabajadores constituida por los 94 empleados que se acogieron al ERE para recibir las ayudas públicas hasta su jubilación, firmado el 16 de abril de 2008, contemplaba un compromiso de pago por parte del Gobierno andaluz de 17.459.092 euros. Sin embargo, según ha podido conocer LA RAZÓN, la última cifra que la aseguradora Generali reclama a la Consejería de Empleo a fecha de noviembre de 2011 en relación a esta póliza es de 20.390.074,37 euros. Casi tres años después, la Junta adeuda tres millones más de los que asumió pagar en su momento.

Como informó ayer este periódico, el ERE de González Byass acumula un sobrecoste del 43 por ciento según la cantidad inicial de casi 17,5 millones pactada en el convenio del 16 de abril de 2008. Este acuerdo dio origen a una primera póliza con número 83-190.001.936, en la que figuran 94 empleados acogidos al ERE. La financiación de este importe correspondía a la Junta de Andalucía y figura como tomador la asociación de ex trabajadores constituida por los prejubilados. Nada más firmarla, desde la Agencia IDEA, el organismo pagador, se advirtió a la Dirección General de Trabajo de que había un desfase superior a dos millones entre la prima, 17.459.092 euros, y el coste final de la póliza, que ascendía a 19.757.235,14.

Desde Empleo se esgrimió que la diferencia correspondía a «intereses de financiación». En el convenio firmado por el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, se reflejaba claramente que la cantidad comprometida era la referida de 17.459. 092 y que se abonaría en tres plazos: 6 millones en mayo de 2009; otros 6 en mayo de 2010, y en mayo de 2011 «el resto del referido importe, así como los intereses correspondientes del diferimiento».

Los sucesivos impagos y refinanciaciones por parte del Gobierno andaluz han generado que la deuda se dispare. Existe un documento manuscrito en el expediente que la sitúa en 21.814.063 euros para aplazar los pagos hasta 2013. De hecho, según la documentación consultada, la Junta sólo habría abonado hasta noviembre de 2011 709.450 euros de los asumidos a la firma del convenio. Ya en el primer año de vigencia del acuerdo, Empleo no pagó cantidad alguna de los 6 millones que debió desembolsar, lo que generó unos intereses de demora de 10.886 euros. En el 2009, sólo pagó 218.591 euros; y en 2010, 490.858,94. En los diez primeros meses de 2011, Generali Seguros no registra pago alguno por parte de la Administración para satisfacer la póliza, lo que ha supuesto 285.297,71 euros en intereses de demora y una prima pendiente de pago de 20.390.074,37.

Quién sí ha pagado hasta completar la cantidad global que supuso el ERE es la empresa González Byass. La bodega suscribió para los 94 trabajadores otra póliza en mayo de 2008 –número 5-83190.001.934– de 3.419.573 euros y una tercera de 284.512,06 para sufragar las rentas temporales destinadas a la financiación de cuotas del convenio especial con la Seguridad Social.

En este ERE operó como intermediaria la agencia Uniter, una de las que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.