Bruselas

Zapatero no defenderá ante el Congreso la prórroga de la Alarma

No compareció ante la opinión pública para anunciar el decreto con el que activó el Estado de Alarma y no lo hará ante el pleno del Congreso para defender la prórroga que el Consejo de Ministros aprobó ayer, en sesión extraordinaria.

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Así que será el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y no el presidente del Gobierno quien solicite mañana a la Cámara Baja su apoyo para mantener la situación de excepcionalidad hasta el próximo 15 de enero con el objetivo de garantizar la normalidad en el tráfico aéreo durante las vacaciones navideñas. El Gobierno rebaja así el perfil del debate parlamentario con un doble objetivo: rebajar el tono de la polémica con los controladores y la proyección del concepto alarma. Claro que, de paso, aleja a Zapatero de una decisión sin precedentes en la historia de la democracia. La Moncloa esgrimió en su descargo que el presidente tiene que salir de Madrid con destino a Bruselas sobre la una de la tarde para participar en un Consejo Europeo que empezará sobre las cuatro.

Así que ni el Parlamento ni los españoles tendrán ocasión de conocer por boca del presidente las razones políticas o técnicas que le han llevado a prorrogar 27 días más la activación del artículo 116.2 de la Constitución. Tendrán que conformarse con las explicaciones que el jueves Ramón Jáuregui y con las que dio ayer cerca de las nueve de la noche Alfredo Pérez Rubalcaba, inmediatamente después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que se celebró en sede parlamentaria y no en el complejo de La Moncloa como es habitual.

El vicepresidente negó, por tres veces, que hubiera habido debate discrepancias o distintas propuestas de varios ministros sobre la decisión de ampliar el decreto o sobre la fecha límite de la prórroga. Lo que no supo o no quiso explicar fue por qué se ha decidido el 15 de enero, y no el 6, el 8 o el 10 si de lo que se trata era de garantizar la normalidad en las vacaciones de Navidad.

Sólo dijo que la prórroga se creía necesaria después de «acontecimientos graves y consecuencias también graves» y que la obligación del Gobierno era que la situación aeroportuaria «vuelva absolutamente a la normalidad».

El Gobierno tuvo, no obstante, ocasión de estudiar sendos informes de los Ministerios de Fomento, Defensa y Justicia con la argumentación jurídica y operativa sobre la que se sustenta la prórroga. Y, después, concluyó que el restablecimiento del tráfico aéreo se ha debido exclusivamente a la vigencia de las medidas extraordinarias adoptadas. Por tanto, «nada ha cambiado todavía desde el punto de vista de las causas subyacentes que motivaron su adopción», reza en la argumentación escrita del Consejo de Ministros.

En el mismo texto se argumental que «el actual estado de depuración de las responsabilidades penales, disciplinarias y administrativas derivadas de aquellos hechos; la magnitud de los perjuicios ocasionados y su impacto sobre sectores económicos relevantes, así como la necesidad de implementar mecanismos alternativos y estables que permitan hacer frente a la situación que determinó la declaración del Estado de Alarma, aconsejan solicitar la prórroga del mismo con el fin de asegurar la normalidad en el funcionamiento del tráfico aéreo, mantener la seguridad jurídica en la prestación de un servicio público esencial y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos». Con estas razones fue como el Gobierno decidió solicitar del Congreso autorización para prorrogar, en sus propios términos, el decreto de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre.

Ahora, el pleno de la Cámara votará mañana la solicitud de prórroga que, con seguridad, contará con el voto favorable del PSOE, CiU, PNV y CC. Por su parte, el PP parece que optará por la abstención, después de valorar que el voto en contra podría resultar impopular. En todo caso, los populares consideran que una situación de excepcionalidad no debe mantenerse como medida preventiva y que además el Gobierno debía de haberles informado de antemano de su decisión de prorrogar el decreto, ritual que cumplió con el resto de grupos, y no con el PP. Sólo cuando Soraya Sáenz de Santamaría hizo público el malestar de su grupo por no haber recibido una sola llamada informativa del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia se puso en contacto con ella para informarle de la convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario que iba a tener lugar unas horas más tarde. Sáenz de Santamaría advirtió, también, que el Gobierno se ha saltado un informe del Consejo de Estado que, a su juicio, sería preceptivo antes de la solicitud de la prórroga, extremo que negó Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por su parte, tanto CiU como PNV condicionaron su voto a que la prórroga no vaya más allá de las vacaciones de Navidad. Pasadas estas fechas y garantizada la normalidad del tráfico aéreo en días de notable aumento de vuelos, los nacionalistas creen que el Gobierno debe buscar un acuerdo con los controladores. Concretamente, el portavoz de los nacionalistas catalanes, Josep Antoni Duran Lleida, subrayó que el Ejecutivo «no debe acostumbrarse» con medidas excepcionales a resolver la situaciones complicadas y que el conflicto debe solucionarse cuanto antes. De ahí que propusiera que Fomento y controladores acerquen posiciones y que si no son capaces, se sometan a un arbitraje cuya decisión sea de «obligado cumplimiento».


¿Qué es el Estado de Alarma?
- El actual Estado de Alarma surge de la paralización de un servicio público esencial para la comunidad. También puede decretarse por catástrofes, calamidades, desabastecimiento o crisis sanitarias.
- Afecta a todas las autoridades civiles de la administración pública, así como a los integrantes de todos los cuerpos de Policía del Estado.
- Desobedecer las órdenes del Gobierno será castigado según las leyes; y si quienes desobedecen son funcionarios, la autoridad les suspenderá inmediatamente de sus cargos y pasarán a disposición judicial, previa apertura de un expediente disciplinario.
- La autoridad puede imponer «prestaciones personales obligatorias» a cualquier ciudadano, limitar la circulación o permanencia de personas en horas y lugares determinados, ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados.