Las reacciones del sector al proyecto de reforma judicial

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado hoy que la propuesta de reforma del órgano de gobierno de los jueces presentada hoy por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "permite entrever cierto desconocimiento"sobre la labor de los vocales del consejo."no puedo por menos que dejar constancia del drástico cambio de modelo para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado que se propone, cuyo encaje constitucional deberá ser estudiado", ha alertado Bravo en un comunicado.En este sentido, la portavoz del CGPJ considera deseable acometer un "profundo y detallado análisis"del proyecto antes de dar una opinión mejor fundada respecto a una iniciativa, "que afecta al corazón de la arquitectura institucional del Estado diseñada en la Constitución".Asociaciones profesionalesEl portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha opinado hoy que la propuesta pretende "subordinar el poder judicial al ejecutivo". En declaraciones a EFE, Bosch ha explicado que la propuesta plantea reducir las competencias, las funciones y la estructura del órgano de gobierno de los jueces, pero "como esas funciones van a tener que seguir desarrollándose, es evidente que se asumirán por el Ministerio de Justicia y el Gobierno".La propuesta es "contraria al principio de separación de poderes del Estado", según el portavoz de Jueces para la Democracia, quien ha rechazado que el Gobierno asuma una serie de funciones sobre cuestiones sensibles que atañen a la independencia del Poder Judicial.Bosch ha lamentado que estas medidas se estén analizando "con secretismo y clandestinidad"en lugar de buscar el consenso entre las principales fuerzas políticas y sociales del país.Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "no puede ser más negativa"al "debilitar"este órgano con el objetivo de que su "influencia política o control político judicial sea menor". En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Pablo Llarena, ha arremetido contra la reforma al defender que, en términos generales, debilita el órgano de gobierno de los jueces al reducir sus funciones y comisiones y eliminar la dedicación exclusiva de los 20 miembros, una medida que supondrá apenas un "ahorro de 300 euros por vocal". "A cualquier persona no se le escapa que el poder gobernar el Poder Judicial sin dedicación exclusiva, convierte su mandato en el CGPJ en algo meramente formal y aparente, sin ninguna capacidad de actuación rigurosa, profunda y seria"", ha destacado Llarena sobre la posibilidad de que los vocales compaginen su participación en el Consejo con el ejercicio de su carrera profesional. Llarena ha indicado que el Gobierno justifica esta medida en el ahorro presupuestario. Sin embargo, ha advertido de que se ahorrarían apenas 300 euros por vocal al mes ya que habría que pagarles dietas durante su estancia en Madrid, donde radica la sede del Consejo. "Conviene trasladar a la opinión pública que lo que actualmente ingresa un vocal son 1.700 euros más que lo que cobraría ejerciendo la jurisdicción en cualquier capital de España, es lo que permite mantenerles transitoriamente en Madrid", ha añadido. VocalesLa vocal del CGPJ Margarita Robles ha advertido de que el órgano de gobierno de los jueces no aceptará injerencias externas de ningún tipo en la elección del presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, tras la dimisión de Carlos Dívar.En una rueda de prensa en Tarazona junto a otros tres vocales del Consejo -Félix Azón, Antonio Monserrat y Manuel Almenar-, Robles ha insistido en que el CGPJ va a hacer un esfuerzo para nombrar presidente en un pleno extraordinario el próximo martes desde el sentido de la responsabilidad y sin aceptar injerencias externas. Así lo ha advertido "por si alguien tuviera la tentación", al tiempo que ha aseverado que los veinte vocales del Consejo son absolutamente independientes, responsables ante la carrera judicial y la sociedad y que van a cumplir su obligación, "no porque nadie desde fuera les diga lo que tienen que hacer".También se ha pronunciado el vocal José Manuel Gómez Benítez, que considera que la propuesta de que sólo el presidente de este órgano tenga dedicación exclusiva es "incompatible con la Constitución"y supone hacer desaparecer la institución como garante de la independencia judicial. "Imagínese a Carlos Dívar como único garante, como el único miembro del CGPJ con dedicación exclusiva -ha manifestado a Europa Press tras ser cuestionado sobre el contenido de la propuesta-. ¿Qué habría ocurrido si no hubiésemos estado los demás?". Gómez Benítez ve positiva una reforma que redujera el número de vocales con dedicación exclusiva, que hoy son 20, a un grupo de entre 5 y 8, pero ve un "atentado contra el Poder Judicial"el hecho de que ninguna de las comisiones de este órgano tenga vocales con dedicación exclusiva porque esto hará imposible la realización de las labores que éstos tienen encomendada para garantizar la independencia judicial. Sin embargo, la propuesta tiene otros aspectos positivos, según el vocal designado a propuesta del PSOE, como el referido a que la actividad internacional del CGPJ sea coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores.