La oposición impone al Gobierno una ayuda de 425 euros a autónomos en paro y sin prestación

La nueva prestación, que prosperó por 175 votos a favor, 171 en contra y tres abstenciones, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2009 y se destina a aquellos trabajadores cuya media de ingresos familiares por persona no supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tres de los últimos cinco años. Asimismo, se establece que el Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá fijar el desarrollo reglamentario para la entrada en vigor de esta ayuda, que estaría vinculada al "compromiso de la búsqueda activa"de ocupación por parte del beneficiario, con la realización de un mínimo de 180 horas de formación, y además sería compatible con las ayudas concedidas por las comunidades autónomas. Falló el acuerdo con el PNVAunque el PSOE estuvo cerca de cerrar un acuerdo con el PNV para lograr 'tumbar' la enmienda, hasta el punto de que el portavoz de Trabajo de los nacionalistas vascos, Emilio Olabarria, anunció en el Pleno su rechazo a la medida por introducir "confusión"con el régimen contributivo creado por la nueva ley, finalmente esta formación votó en contra de los socialistas. El diputado 'popular' José Eugenio Azpiroz defendió que la propuesta pretende remediar una "discriminación"en contra de los autónomos, aunque señaló que no le "gusta"su retroactividad a 2009 y aseguró que propuso un acuerdo al ministro de trabajo, Celestino Corbacho, para corregir esta cuestión que, aseguró "sólo tuvo la callada por respuesta". Para el socialista Pedro Sánchez, esta medida es "contradictoria"con el nuevo sistema de prestaciones contributivas creado por la nueva ley e incluso lo pone "en riesgo". Los socialistas temen que los autónomos prefieran recibir la nueva ayudas de 425 euros antes que cotizar para costear la prestación por cese de actividad, cuya duración es entre dos meses y un año, con un importe mínimo de 584 euros mensuales. No obstante, para disfrutar seis meses de esta prestación, estarían obligados a cotizar entre 36 y 42 meses. Asimismo, destacan el coste que podría suponer esta nueva medida, ya que según los cálculos del Ejecutivo unos 26.252 autónomos se beneficiarían de la nueva ley sólo durante 2011. Pero es que la nueva prestación no contributiva, similar en su importe a la de los 426 euros que perciben los asalariados que han agotado prestaciones y subsidios, se dirige a los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a partir de 1 de enero de 2009. CiU logró introducir además otra enmienda que reduce de 18 meses a un año el plazo de espera desde el disfrute de una prestación hasta el acceso a la siguiente, para acercarse al Régimen General de trabajadores por cuenta ajena, una modificación también rechazada por el PSOE en el Senado, aunque se mostró dispuesto a rebajarla como mucho hasta 15 meses, si bien podría asumirla como propia en el marco de la negociación que mantiene con la federación catalana. Un año de paro para autónomos Respecto al nuevo sistema de protección por cese de actividad que crea la norma, durante el trámite parlamentario se ha elevado hasta doce meses la duración de la prestación frente a lo previsto inicialmente por el Gobierno, mientras que la cotización para sustentarla se verá aumentada del 1,8% inicialmente previsto al 2,2%. La modificación contempla dos nuevos tramos frente a la norma inicial, que establecía un tope máximo de seis meses. Así, las personas que coticen entre 43 y 48 meses tendrán derecho a protección por ocho meses, mientras que a partir de 48 meses podrán acceder al año completo. Además, los autónomos entre 60 y 64 años verán mejoradas estas condiciones, de forma que podrán acceder a los ocho meses a partir de los treinta meses de cotización, a los diez meses si contribuyen durante cuarenta meses y a doce meses a partir de los 43 meses de cotización. La norma contempla además que el sistema sea revisado en dos años para evaluar su funcionamiento y constatar si, en su caso, corresponde modificar la cuantía de las prestaciones o mejorar su gestión. Asimismo, precisa las condiciones para que los inmigrantes puedan acceder las ayudas, aclara el régimen de reclamaciones y mejora las condiciones económicas para que un trabajador autónomo pueda declararse en situación de cese de actividad, de manera que baste con unas pérdidas superiores al 30% de los ingresos o al 20% en dos años consecutivos, frente al 30% y al 20% anterior.