Sin paz en las aulas por Ciudadanía

MADRID- No hay paz en las aulas con Ciudadanía. Más de 55.000 objeciones en los últimos años contra la asignatura, una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo presentada por 389 españoles, y la «poda» del contenido adoctrinador de la materia que hizo el Gobierno actual en un decreto del pasado 4 de agosto que regula los nuevos contenidos de la asignatura no han evitado que en Andalucía haya alumnos que sigan estudiando el manual de la editorial Akal (editado en 2008) que se burla de la Iglesia Católica y del Papa, que en el País Vasco los estudiantes que han empezado el nuevo curso sigan estudiando también la Ciudadanía que introdujo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que en Canarias pase otro tanto.
La semana pasada, Andalucía desafió al Gobierno central al dejar claro que recuperará «el cien por cien» de los contenidos que ya estaban. Es decir, todos los controvertidos, entre ellos el estudio de la homosexualidad y las distintas estructuras familiares, como las monoparentales, por poner un ejemplo, con el argumento de que puede decidir sobre el 35 por ciento de los contenidos por ley. Otras comunidades se escudan en la «falta de tiempo» para poder adaptar el decreto del Ejecutivo. Éste es el caso del País Vasco, donde se calcula que no será hasta el año que viene cuando el trámite esté concluido. «Los cambios no se hacen de la noche a la mañana y necesitamos más tiempo», aseguró un portavoz de la Consejería de Educación del Gobierno vasco. Y es que comunidades con lengua propia pueden decidir sobre el 45 por ciento de los contenidos de la materia y en esto el País Vasco tiene claro que pensará detenidamente lo que desea introducir «para que nada quede en el tintero». Por ejemplo, una de las cuestiones que ya asegura que va a mantener es «la empatía con las víctimas del terrorismo».

Sin plazos
La cuestión es que el decreto aprobado por el Gobierno «no tiene calendario de aplicación», dice la directora general de Innovación y Promoción educativa, Georgina Molina. Por eso, Canarias también se toma su tiempo para adaptar la normativa del Gobierno central. El proceso es «demasiado precipitado, no podemos hacer milagros ni tampoco poner el BOE en el cuaderno del alumno».

 En las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en muchos centros se conservan los antiguos manuales, pero se han introducido adendas dirigidas al profesor en las que se explican los cambios normativos para que se tengan en cuenta a la hora de impartir la materia mientras sus respectivos gobiernos autonómicos aprueban su decreto específico para adaptarse a los nuevos cambios, un trámite de obligado cumplimiento.

En el caso de la Comunidad Valenciana, ya se ha remitido una circular a los centros para que cuando el profesorado haga las programaciones tenga en cuenta los contenidos de la nueva Ciudadanía.

No obstante, los editores de libros de texto han elaborado nuevos manuales con los nuevos contenidos, atendiendo al compromiso adquirido con el Ministerio de Educación. De hecho, estos libros ya se pueden estudiar en colegios de Barcelona, Madrid y Galicia.
Castilla y León es la comunidad autónoma que con más celeridad ha cumplido con todos los trámites y ya cuenta con una orden específica que contempla los nuevos cambios.

Menos objetores
Mientras, la objeción a la materia que el Gobierno pretende eliminar en Primaria y mantener en Secundaria con otro nombre sigue manteniéndose, aunque no en los niveles de años anteriores, antes de que el Tribunal Supremo se pronunciase en contra de la objeción. La plataforma Profesionales por la Ética asegura que puede haber del orden de 300 alumnos en toda España que no entran a clase de Ciudadanía «con todas las consecuencias», como puede ser el suspenso de la materia y hasta la repetición de curso en algunos casos. Asimismo, a día de hoy sigue habiendo media docena de recursos ante el Tribunal Constitucional por la asignatura, lo que significa que la polémica no se ha acabado.

Un 15% de la materia, suprimido
Los nuevos cambios que ha introducido el Gobierno en la asignatura suponen un aumento del 40% de los contenidos que se venían impartiendo y sólo se suprime el 15% de los que ya estaban, que son considerados por el Ejecutivo actual como «adoctrinadores», según un estudio de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele). Los editores han tenido que elaborar en tiempo récord contenidos totalmente nuevos de distintas áreas de conocimiento, como el terreno sociosanitario, jurídico, medioambiental y económico.