El bumerán del PSOE en los tribunales

Cuando salió a la luz la grabación del ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce solicitando presuntamente comisiones ilegales a La Raza para la consecución de una escuela de hostelería subvencionada por la Consejería de Empleo, los responsables socialistas cumplieron el protocolo garantizando su colaboración con la Justicia.

Los nervios empezaron a crisparse seriamente en el PSOE, y entre sus socios municipales de Izquierda Unida, cuando el celo investigador de la instructora Mercedes Alaya se tradujo en la imputación del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, que tuvo que dimitir, y en la apertura de una segunda causa por la venta supuestamente fraudulenta de los suelos del mercado central.

Los socialistas endurecieron sus críticas al Partido Popular por «judicializar la vida política» e influir en las decisiones judiciales para utilizar el «caso Mercasevilla» como arma arrojadiza contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, su «paladín» comunista Antonio Rodrigo Torrijos y el Gobierno andaluz. Su presidente, José Antonio Griñán, resumió estas acusaciones en una entrevista con LA RAZÓN de Sevilla sentenciando que «la política es la política y la Justicia, la Justicia. No hablo de judicializar la política, sino de politizar la Justicia, que es mucho más grave».

Con la aparición de personas adscritas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por Empleo que nunca trabajaron en la sociedad quemándole en las manos, ahora Griñán confía únicamente en esa misma investigación judicial y, junto al resto de representantes socialistas, se dedica a anular todo debate político sobre el asunto.

A nivel municipal ocurre lo mismo. El PSOE e IU mostraron siempre unas reticencias hacia la investigación judicial –porque «daña el buen nombre de la empresa»– que aumentaron según crecía el número de imputados.

Dificultades informativas
Socialistas y comunistas llegaron a expulsar a la oposición de Mercasevilla, bajo la excusa de la austeridad pero con el resultado de un mayor control de la información interna, incluyendo su flujo hacia el juzgado desde el PP, parte personada e impulsora de otra causa por presunto delito societario. En cambio, la reacción de ambos ante el supuesto fraude de los ERE ha sido dejar el caso en el juzgado y mirar a otro lado.

La máxima expresión de este «bumerán judicial» socialista se encuentra a nivel provincial. En su ciega defensa de Rivas, la ejecutiva de José Antonio Viera dudó de la profesionalidad de la juez y proclamó que «judicializar la vida política no es el camino adecuado para la democracia, y sólo consigue desprestigiar a la clase política». El mismo Viera pidió 48 horas para reunir los datos del ERE y llevarlos a los tribunales, sin más explicación sobre su gestión como consejero de Empleo.