El Gobierno ultima el control político de decenas de profesiones liberales

El Gobierno ha puesto la diana de forma definitiva en los trabajadores liberales. El pasado 2 de febrero, este periódico informó de las intenciones del Ministerio de Economía de suprimir la obligatoriedad de colegiación que pesa sobre miles de profesionales, lo que implicaría de facto la pérdida absoluta de peso específico de las decenas de corporaciones de Derecho Público provinciales, autonómicas y estatales que les representan.

Ahora, el Ejecutivo ha dado un paso más allá mediante un nueva actualización del borrador de propuestas sobre la futura Ley de Servicios Profesionales. El anuncio de esta reforma fue incluido en la Estrategia de Economía Sostenible y en la disposición transitoria cuarta de la llamada Ley Ómnibus, y José Luis Rodríguez Zapatero prometió el 17 de noviembre en el Parlamento que estaría lista en el primer trimestre de este año. Uno de sus objetivos es, según el Ejecutivo, agilizar la economía, al eliminar barreras para el ejercicio de determinadas actividades.

El último texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, circulaba por al menos dos ministerios a finales de la semana pasada. En él, el Gobierno insiste en su intención de «liberalizar» muchas de las 192 profesiones en las que actualmente se aplica una reserva de actividad que lleva aparejada de una u otra forma la adscripción a un colegio profesional.

Una vieja aspiración
Sin embargo, el documento incluye cambios con respecto a los últimos borradores conocidos, al reforzar de forma explícita el control político de las profesiones liberales, una vieja aspiración socialista ensayada esta legislatura en comunidades autónomas como Andalucía con algunas profesiones sanitarias.

El documento, de nueve páginas y tres anexos, establece que en nuestro país habrá «colegios obligatorios» y «colegios voluntarios». Los primeros «sólo se podrán crear si hubiera una ley previa estatal que hubiera decidido la colegiación obligatoria». Estos colegios «tendrán funciones de carácter público como la potestad sancionadora sobre todos los profesionales (pues todos estarían obligados a pertenecer al colegio), a los que podrán inhabilitar para el ejercicio de la profesión, así como podrían ejercer la representación institucional del colectivo profesional de forma exclusiva».

Frente a este modelo, el texto del Gobierno asegura que los colegios voluntarios «no podrán inhabilitar para el ejercicio profesional y para su creación no es necesaria una ley estatal previa, pudiendo las comunidades autónomas decidir al respecto».

Como quiera que el Ejecutivo pretende establecer esa «voluntariedad» de colegiación para numerosos trabajadores y, de forma especial, a los que ejercen para las administraciones públicas (médicos, enfermeros o ingenieros), la distinción adquiere relevancia.

Con la colegiación voluntaria, el profesional negligente o posible autor de un mal ejercicio (mala praxis) dejaría de ser juzgado ya por la Comisión de Ética y Deontología de su corporación o por algún comité de esta última, y su labor pasaría a ser enjuiciada sólo por la Administración que le emplea o por un tribunal de justicia, que decidirían sobre su posible inhabilitación.

Esta situación, que ya rige para algunas profesiones en comunidades como Andalucía, ha encendido a comienzos de esta semana las iras de varios consejos profesionales con los que se ha puesto en contacto este periódico, que preparan reuniones con los ministros o los altos cargos de los ministerios en los que vienen ejerciendo su actividad, como es el caso de la Organización Médica Colegial (OMC) con la titular de Sanidad, Leire Pajín.

Aunque la «liberalización» no está aún decidida, es casi seguro que afectará a las profesiones sanitarias y a las ingenierías. En este caso, «todos los titulados tendrán reconocidas facultades para realizar cuantas funciones les atribuya la normativa vigente a cualquier rama de la ingeniería».