El impuesto de sucesiones sólo se suprimirá en parte

El resto de tramos –a partir del tercero-–seguirá tributando, lo que permitirá a la Generalitat continuar recaudando 120 millones de euros anuales.

Hace unos días, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, anunció a bombo y platillo que la Generalitat tenía intención de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones antes de las elecciones municipales del 22 de mayo.

Sin embargo, el Govern mantendrá el tributo a partir del tercer grado, esto es entre tíos y sobrinos, y en adelante, por ejemplo entre primos (cuarto grado) o cuando no haya ningún tipo de parentesco. «El impuesto no desaparece. Lo que desaparece son determinados tramos», explicó el secretario del Govern a Ep.

Actualmente, la Generalitat recauda 250 millones de euros al año por este impuesto, del que tiene competencia exclusiva. La merma prevista de 130 millones con la supresión parcial se compensará mediante una «mejor gestión» de los recursos públicos, por lo que se trata de una cifra perfectamente asumible para las arcas públicas, según Gordó.

La auditoría de las cuentas
Frente a las críticas de la oposición, Gordó les recordó que ellos rebajaron sustancialmente este tributo en plena crisis económica. Antes de la modificación legislativa impulsada en 2009 por PSC, ERC e ICV-EUiA, la Generalitat recaudaba en concepto de Sucesiones unos 800 millones aproximadamente, mientras que, después, la cifra se situó en los 250 millones, 550 millones menos.

«Lo único que hacemos es cerrar este proceso de reducción» que impulsó la izquierda, y que era uno de los principales puntos del programa electoral de CiU, añadió Gordó. Con estos cambios, apuntó, se logrará contrarrestar la fuga de capitales de Cataluña hacia otras autonomías que habían suprimido este tributo, principalmente gobernadas por el PP.

A propósito de la auditoría que está realizando la Generalitat para determinar con exactitud el estado de las cuentas públicas, apuntó que el objetivo es hacer una reforma ambiciosa y en profundidad del sector público, para compensar la «excesiva» evolución de los últimos años.

Este estudio incluye la propia Generalitat así como empresas públicas, fundaciones, consorcios y entidades que se rigen por el derecho privado. Según los datos oficiales del Govern, en 2003 en el sector público trabajaban 140.000 empleados, frente a los 220.000 de final de año 2010, es decir, 80.000 más. Se irá a un escenario de «fusión de organismos, liquidaciones, integraciones de sociedades», subrayó Gordó.


Externalizar la administración
 Dentro de los planes para adelgazar el sector público de la Generalitat, el secretario de Govern, Germà Gordó explicó que también habrá externalizaciones: «Estamos convencidos de que deben hacerse, ya que no es necesario que todo se haga desde el sector público». «Algunas actividades pueden hacerse desde el sector privado, siempre que el Govern tenga un control» sobre ellas, añadió.