La austeridad seña de identidad del Parlamento de Castilla y León

Valladolid- Ochenta y cuatro procuradores. Y sólo 18 de ellos con retribuciones fijas, lo que habitualmente se conoce por liberados. Ésta es la estructura política del Parlamento de Castilla y León, que hunde sus raíces en las Cortes de la Edad Media, pero que es fruto del despliegue del Estado Autonómico en nuestro país. Pues bien, Castilla y León cuenta con el hemiciclo más austero de nuestro país, como demuestra la asignación global a la institución de 17,1 millones de euros, con importantes retrocesos presupuestarios en los últimos años en el Parlamento, pero también en otros organismos a él asociados, como el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. De hecho, de los 84 diputados autonómicos existentes -una cifra sensata, partiendo de que son nueve las provincias que componen la Comunidad y la extensión de ésta es la mayor de toda España-, sólo los cinco miembros de la mesa, los nueve portavoces y portavoces adjuntos de los grupos parlamentarios y otros cuatro parlamentarios (dos del PP y otros dos del PSOE) cobran de las Cortes de Castilla y León su nómina mensual. Unos ingresos que, además, sufrirán una merma importante este año al rebajarse las catorce pagas que tenían a trece, por su adhesión -en julio- a la medida aprobada por el Gobierno de eliminar la extra de Navidad.

Mientras, los demás procuradores -66- cobran por la asistencia a cada pleno o comisión 180 euros diarios, independientemente del número de comisiones a las que acudan y un kilometraje de 20 céntimos por kilómetro, que también se ha congelado en los años de la crisis. El portavoz del Grupo del PP, Carlos Fernández Carriedo, recuerda que el presupuesto de las Cortes ha caído un 14,5 por ciento con respecto al año anterior.

Asimismo, insiste en que «sólo Castilla y León y La Rioja están entre los parlamentos donde no se ha acordado la generalización de dedicaciones exclusivas», algo que sí existe en la Asamblea de Madrid, que rebajará a la mitad el número de parlamentarios de 129 a un máximo de 65, pero con un coste de personal mucho más elevado. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, considera que los pasos dados son claves, pero argumenta que la pérdida de masa salarial de los liberados ha sido, como entre los funcionarios, de entorno al 20 por ciento. «Pero los hemos dado por coherencia y responsabilidad», indica, para agregar que «somos consecuentes y sabemos que hemos de apretarnos el cinturón y remar todos en la misma dirección».

Por su parte, José María González, portavoz del Grupo Mixto y representante de IU en las Cortes considera que, pese a que han apoyado estos ajustes en concreto, «se ha entrado en un falso concepto y debate de austeridad», lo que argumenta que «mirar lo que se gasta con lupa debe ser constante en las instituciones públicas». En este contexto, González, que es maestro, indica que «algunos quieren hacer zozobrar puestos de trabajo públicos, al servicio del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, y nosotros ahí no vamos a estar».
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