Imputado otro ex alto cargo de la Junta por conocer la «ilegalidad» de los ERE

La juez que instruye la trama de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, suma otra imputación entre el personal que ostentó las máximas responsabilidades en la Consejería de Empleo en la década en la que se centra la investigación (2001-2010). Con Agustín Barberá, segundo de a bordo del ex consejero Antonio Fernández, son ya 53 las personas imputadas en la trama. Entre ellos, siete altos cargos socialistas. El dinero transferido irregularmente para ERE y ayudas a empresas ronda los mil millones de euros.
En un auto fechado ayer al que tuvo acceso este periódico, Alaya, en virtud de los atestados recibidos por la Guardia Civil y de la declaración el martes del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, imputa a Barberá por «tener conocimiento, a la misma vez que el consejero de Empleo Antonio Fernández, de la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta». El ex alto cargo, en ejecución de estos procedimientos, dio, según recoge el auto, «el visto bueno a los pagos ordenados al IFA – luego Idea, la entidad pública encargada de librar el dinero– por el director general de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años».
Agustín Barberá fue viceconsejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010. Es decir, coincidiendo con el periodo en el que Antonio Fernández –imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias– estuvo al frente de la Consejería. Su adscripción a los puestos directos de Empleo se remonta al año 1995, cuando fue nombrado delegado provincial en Cádiz de Trabajo, Industria y Asuntos Sociales. A Barberá lo sustituyó como viceconsejero Justo Mañas, que entró de la mano del actual consejero de Empleo, Manuel Recio, tras la segunda remodelación de gobierno que llevó a cabo el presidente de la Junta tras hacerse con la Secretaría General del PSOE.
Bajo su responsabilidad estuvo tanto el ex director general Francisco Javier Guerrero (1999-2008), en el centro del caso y el primero que habló del «fondo de reptiles» ante la Policía, como Juan Márquez Contreras, también imputado por la juez.
Guerrero ya dijo en su primera declaración ante la Guardia Civil que tanto el consejero como el viceconsejero estaban al tanto de las ayudas y de los trámites administrativos. Cada lunes –según su relato– se producía una reunión del Consejo de Dirección en el que cada centro directivo exponía lo que estaba llevando en ese momento. «Incluso algunas de las ayudas eran despachadas personalmente por el consejero y el viceconsejero», como las de Faja Pirítica, Delphi o Astilleros.
En concreto, en el ERE de Surcolor, Guerrero aseguró que Agustín Barberá «tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo para la concesión de la ayuda». La fórmula irregular se sustanciaba en que se dio la conformidad a la contratación de la póliza para los prejubilados sin trámite previo alguno, según recoge el atestado de la Guardia Civil enviado a la juez.
Barberá también formuló las alegaciones a informes de la Intervención General que alertaban de que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». El ex alto cargo esgrimió como argumento el mantenimiento de la «paz social».

Guerrero no sabía que dio dinero a las empresas de su chófer
La pregunta de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil era «si puso en conocimiento de sus superiores, viceconsejero y/o consejero, que las empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, a las que se le otorgaban sendas ayudas por importe de 450.000 euros, estaban relacionadas con el conductor de la Dirección General de Trabajo, Juan Francisco Trujillo». El destinatario era el ex director general de ese área entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, quien contestó que cuando se presentaron las solicitudes para lograr ese dinero público, «desconocía que el conductor Juan Francisco Trujillo era socio en esas empresas». Es más, Guerrero, quien volvió a declarar la tarde-noche del lunes, quiso puntualizar que «en su carrera política» tuvo tres conductores, que le fueron «otorgados». La pareja Francisco Javier Guerrero-Juan Francisco Trujillo, ex alto cargo y ex chófer, acaparó la expectación mediática después de que Trujillo relatara ante la Policía que «la mayor parte» de los fondos que recibió para sus empresas los dedicó «a comprar cocaína» para él y su jefe y otros gastos como «ir de fiestas y copas».