La ley urbanística permite construir VPO en régimen de concesión

Valencia- Nuevas fórmulas para nuevos tiempos (de crisis). El anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje aprobado ayer por el Consell introduce un mecanismo que permitirá poner en el mercado viviendas de protección oficial a precios más asequibles y en régimen de concesión, como ocurre, por ejemplo, con muchos de los aparcamientos públicos que se construyen a través de los Ayuntamientos.

Los Consistorios podrán ceder sus terrenos a un promotor para que construya viviendas de protección oficial a cambio del pago de un canon. Por éste, el promotor puede vender el «derecho de superficie» y por tanto, la vivienda se otorga en régimen de concesión. Una vez ésta acabe, el propietario podrá optar a comprarla o será recompensado por las mejoras que haya hecho en la misma. El hecho de que el Ayuntamiento ceda el suelo permite rebajar hasta un 25 por ciento del precio de la vivienda, que también será más económico debido a que se trata de una concesión, no de una venta.

Esta fórmula se utiliza en el País Vasco, donde más del 70 por ciento de los pisos construidos son de protección oficial y en países como en Holanda, donde no existe un sentido de la propiedad tan acentuado como en España.

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Urbanismo, Isabel Bonig, enumeró las ventajas de este anteproyecto que pretende acabar con la «hipertrofia» legislativa en materia de urbanismo en los años del «boom» inmobiliario. Aseguró que se trata del anteproyecto de ley más importante de toda la legislatura porque reducirá en un 77 por ciento el número de artículos que conformaban las seis leyes que se refunden y los dos reglamentos derogados.

En la práctica, permitirá agilizar la aprobación de planes urbanísticos en un momento económico en el que «no se puede estar diez años de trámites». El objetivo es que reducir a un año el plazo de aprobación.

Para conseguirlo, se ha modificado el modo de tramitación. La Conselleria de Infraestructuras marcará a los municipios los máximos a los que puede aspirar a través de la memoria ambiental y a partir de este documento será el Ayuntamiento el que desarrolle el plan al detalle.
Bonig explicó que se mantienen los Programa de Actuación Integrada (PAI) y también la figura del agente urbanizador. También remarcó que se contempla la «declaración responsable» como sustituta de la concesión de licencia urbanística.

30 años de un Estatuto que pide reformas
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró ayer que defenderá una reforma del sistema de financiación autonómica «justa y que reconozca la realidad poblacional de esta Comunitat». Aseguró que ya se ha iniciado la reforma de la disposición adicional primera del Estatuto que defenderá «desde los principios de igualdad y solidaridad». También se refirió a su decisión de proponer en Les Corts la reducción de diputados, para lo que habrá que cambiar el Estatuto, y avanzó que esa medida irá «junto a otras que llegarán más adelante» y que tienen como objetivo abrir una nueva etapa en las instituciones.