Lo importante por José Clemente

Todo el mundo sabe que la Mesa General de la Función Pública es la madre de la negociación colectiva de los agentes sindicales. Lo que en ella se decida va, como popularmente se dice, a misa, pues lo que se acepte afecta por igual a todos los sectores de las organizaciones sindicales de la Función Pública, que son la mayoría. Por ende, sus decisiones son transversales para la mayoría de los funcionarios y la Administración, lo que obliga a ambos a hilar muy finamente sus propuestas para que éstas sean aceptadas por el común de los servidores públicos. Educación y Sanidad, consecuentemente, son los dos departamentos más sensibles a esas demandas y los más vulnerables, también, a su rechazo. Buena parte de las protestas del «tijeretazo» vinieron de esos sectores, que es lo que ahora trata de evitar el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal. Ayer, como bien damos cuenta, se celebró la primera de estas reuniones que se levantó tal y como había comenzado. El Gobierno se mantiene inflexible en aumentar la jornada laboral en hora y media, es decir, de las 36 horas actuales a las 37,5 planteadas por Bernal, todo ello con el objetivo de lograr que no se produzcan despidos y se puedan incrementar algunos servicios públicos por parte de los funcionarios determinados fines de semana. La no destrucción de empleo es un elemento común para todos los asistentes a la reunión de la Mesa General, pero el acuerdo sólo llegará si todos ellos son capaces de ceder en lo básico, que por lo que parece, es el mantenimiento de los puestos de trabajo, todo un privilegio donde los haya en estos de tiempos de crisis que corren. Se trata, pues, de anteponer lo importante a lo que no lo es o, al menos, lo es en menor importancia. El Gobierno, como muestra de buena de voluntad, entregó ayer a los sindicatos el proyecto de Ley de la Función Pública, un anticipo que podía haberse guardado en la manga, pero se trata, como he dicho de buena voluntad. Ahora le toca el turno a los agentes sindicales.