Relaciones laborales

El PP pide reformar la Ley de Igualdad para evitar casos como el de Alcalá Meco

Propone recuperar las escalas masculina y femenina en las cárceles

La cúpula directiva de Alcalá Meco dimitió después de que se denunciaran abusos y relaciones sexuales entre funcionarios y reclusas
La cúpula directiva de Alcalá Meco dimitió después de que se denunciaran abusos y relaciones sexuales entre funcionarios y reclusaslarazon

MADRID- El Grupo Popular ha presentado una proposición de ley en el Parlamento para recuperar las escalas masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias. La intención es acabar con las desigualdades que se están dando en las prisiones y evitar situaciones como la de Alcalá Meco, donde la cúpula directiva dimitió después de que se denunciaran abusos y relaciones sexuales entre funcionarios y reclusas. Para ello, solicitan la modificación de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El PP indica que la separación en una escala femenina y masculina «no es una discriminación, sino la consecuencia de un criterio de organización del trabajo necesario por la especial naturaleza de las funciones y tareas a desempeñar por este colectivo». Recuerdan que la Audiencia Nacional ya señaló en 2006 que en los centros existen trabajos adscritos exclusivamente a la escala masculina y otros a la femenina, cuya reserva está motivada por la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. Según el tribunal, estas tareas guardan una relación directa con «la vigilancia de interiores, donde hay que realizar actividades como registros, cacheos a los internos, control de actividades...», que «justifican sobradamente» que las personas encargadas pertenezcan a una u otra escala dependiendo del colectivo de internos al que afecten», lo que «no es motivo objetivo y razonable suficiente como para entender que no existe discriminación alguna».

Otra mandato incumplido del GobiernoEl 23 de junio de 2009 el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa del PP, en la que se instaba al Gobierno a que en el plazo de tres meses presentara un balance de la aplicación de la ley en el Parlamento, para determinar las distorsiones de la misma. Después se iniciaría un proceso de diálogo con Instituciones Penitenciarias y los sindicatos de prisiones para resolver estos problemas. A día de hoy, el Ejecutivo no ha dado cumplimiento del mandato de la Cámara.