Créditos ICO para estudiar en la universidad

MADRID- Estudiar en la universidad es más costoso este curso en muchas comunidades autónomas, algunas de las cuales han incrementado sus precios hasta un 50%. Es por esto por lo que el Ministerio de Educación está estudiando alternativas para hacer frente al aumento de tasas universitarias.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció ayer en una entrevista en RNE que su departamento está «en conversaciones muy avanzadas» con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para establecer un sistema de préstamos para que los universitarios puedan asumir el coste de las tasas o bien que éstas aumenten «de forma escalonada» en función de la renta familiar, como ocurre en Cataluña. «Lo que se ha hecho en Cataluña es una buena solución desde el punto de vista de la equidad», aseguró. «Nadie debe quedarse fuera de la educación por razones económicas, pero eso tiene que hacerse compatible con la necesidad de que la educación universitaria conlleva una inversión pública de más de 11 millones de euros y, en una situación fiscal como la que tenemos, que repensar toda su financiación», añadió.

No es la primera vez que el ICO establece líneas de crédito para estudiantes universitarios. Hasta ahora proporcionaba financiación para estudiantes de posgrado. La novedad en este caso sería que la financiación, si llegara a producirse ese acuerdo con el ministerio del que ayer habló Wert, alcanzaría a todos los estudiantes que decidieran solicitarlo. El incremento de las tasas universitarias se produce después de que Educación modificara el sistema de horquillas de subida de precio con un decreto de ajustes en Educación. Con los nuevos precios, los estudiantes llegan a cubrir entre el 15 y el 25% en la primera matrícula, y los repetidores pueden llegar a pagar hasta el cien por cien del coste de los estudios universitarios dependiendo de la convocatoria.

Sin embargo, no todos los estudiantes están convencidos de que los créditos sean la mejor vía para solucionar el incremento de precios. Víctor, estudiante del último año de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, cree que el modelo de préstamos universitarios «es aplicable en una sociedad como la estadounidense, donde es más fácil acceder al mercado laboral. Sin embargo, en España conseguir un puesto de trabajo para un recién licenciado es misión imposible, por tanto, sólo creo en becas».

En su caso, pudo hacer frente al pago de su matrícula, que este año ascendió a 1.500 euros, porque no tenía asignaturas con segunda matriculación, pero aseguró que las dificultades económicas para hacer frente a las nuevas tasas en una comunidad como la madrileña «son algo común entre mis compañeros».

En esta situación se encuentra José, también estudiante de Periodismo en la misma universidad. Un préstamo es «inviable según están las cosas». El joven pagó 950 euros de matrícula, pero este año ha decidido no matricularse en una asignatura que tenía pendiente porque el coste ascendía a 450 euros. «No puedo pagarla, así que la dejaré para un sexto año», manifestó.

Curso «movido»
El nuevo curso universitario que el ministro de Educación inaugurará el próximo miércoles no se presenta fácil para la institución universitaria como tal.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, manifestó que será un año «difícil» porque medidas como la subida de las tasas son «realmente duras», informa Ep. Aún así, la comunidad universitaria está dispuesta a hacer «lo que se le presente por delante», pero siempre manteniendo el principio «básico» de la calidad en «todos» los servicios.

En declaraciones este lunes a los periodistas en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, que durante dos días acoge el Encuentro de Rectores Colombianos y Españoles, la presidenta de la CRUE señaló que afrontarán los recortes «de la forma más digna posible», sobre todo en el propio mantenimiento de las estructuras universitarias y procurando que el estudiante «sufra lo menos posible esas restricciones que nosotros nos hacemos a nosotros mismos con más trabajo, porque lo hemos hecho otras veces y lo seguiremos haciendo».

Según De la Calle, los rectores conocían que el inicio de curso iba a ser «movido» porque lo habían avisado «constantemente al ministerio y a cualquier autoridad académica que estaba en el entorno, porque las medidas son realmente duras».

En su opinión, «no era el momento oportuno» para la subida de las tasas «porque recae directamente en las familias que están oprimidas». Incluso recordó la «lucha» que han llevado a cabo para que el Decreto no tuviese aplicación «al menos de forma inmediata y contundente como ha ocurrido».

Nóminas aseguradas
La presidenta de los rectores quiere ahora contar con una hoja de ruta «para hacernos nuestra composición de lugar», ya que, aunque considera «importante saber que tenemos aseguradas las nóminas», le preocupan la docencia, la investigación y la transferencia «que requiere de una serie de fondos que son muy importantes para pagar, por ejemplo, a los proveedores».

Wert pone la inmersión lingüística en el punto de mira
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se refirió ayer durante una entrevista en RNE a los problemas que existen en algunas comunidades donde no se respeta la voluntad de los padres que quieren escolarizar a sus hijos en lengua castellana. Wert aseguró que con la reforma educativa que prepara su departamento, se reforzará «el derecho constitucional que tiene cualquier español a ser escolarizado utilizando el castellano como lengua vehicular. A pesar de que los tribunales ya se han pronunciado en diversas ocasiones a favor de esta circunstancia –el pasado mes de junio el Supremo lo estimó así en el caso de la Educación Infantil en Cataluña–, algunas comunidades, especialmente la catalana, eluden cumplir estas sentencias. «No se trata de atención individualizada, sino de crear oferta en castellano para quienes quieran ser escolarizados en castellano, sean muchos o pocos, porque hay que atenderlos», sentenció el ministro, que adelantó que su departamento ya está estudiando mecanismos para hacer efectivo ese derecho. Wert pone así en el punto de mira la polémica inmersión lingüística en Cataluña, donde en la actualidad la Generalitat establece que el catalán debe ser la «lengua de expresión en las escuelas».