La Junta otorga 420 millones sin transparencia ni igualdad

SEVILLA-El informe de la Cámara de Cuentas relativo a 2009 sobre las ayudas de fomento al empleo constituye el correctivo más duro de este órgano fiscalizador a la Junta en materia laboral. Y llega sólo unas semanas después de que se conociera que la comunidad ha entrado en la zona hasta ahora desconocida de un 35,42 por ciento de paro. Es decir, una de cada tres personas sin trabajo. El estudio destaca todo un rosario de irregularidades en los planes de empleabilidad de la Junta vehiculados a través del Servicio Andaluz de Empleo (proyectos de escuelas taller, el Plan Memta, centros especiales de empleo, Plan Más Autónomos o ayudas de Interés General y Social); además del caso omiso a las recomendaciones que la Cámara de Cuentas ya estableció en relación al ejercicio 2004.

La concesión de todas las líneas de subvenciones para el fomento del empleo ha sido a través de un «régimen de concurrencia no competitiva», saltándose así el Ejecutivo andaluz la Ley General de Subvenciones. No se ha establecido, por tanto, una comparación ponderada entre las diversas solicitudes, lo que supone además un menoscabo de los principios –no sólo consagrados en las normativas de subvenciones, sino también en la Constitución– de «igualdad, transparencia, concurrencia y objetividad».

Detecta, asimismo, la Cámara de Cuentas debilidades de control interno en relación a la gestión de las ayudas para el empleo y cuando se produce el reintregro de cantidades anticipadas no siempre se exigen intereses de demora. Otra de las deficiencias es el enmascaramiento de las ayudas como inversiones, cuando deberían aparecer como transferencias corrientes, como lo hace «tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como otras comunidades autónomas».

La no consecución de objetivos es una deficiencia que recorre transversalmente los programas. Sólo en dos de los indicadores presupuestarios del programa 32B de «Fomento e Igualdad en el Empleo» del SAE se alcanza el resultado previsto. Con carácter general, ni en la resolución de concesión, ni en ningún otro documento, se motiva la diferencia entre lo solicitado y lo finalmente concedido.

Llama la atención que en el ejercicio fiscalizado, 2009, se tramitaron 25.377 expedientes de subvenciones de fomento al empleo por importe superior a 420 millones de euros. Sin embargo, a finales de 2011, solamente se encontraba finalizada la tramitación del 7,46 por ciento del total: 1.893 expedientes por importe de 40,9 millones de euros.

Esta dilación en los plazos ha supuesto un obstáculo para la fiscalización de la Cámara de Cuentas, reseñando el órgano de extracción parlamentaria varias limitaciones al alcance de los trabajos. Entre ellos, destaca que el Servicio Andaluz de Empleo no ha puesto a disposición de la Cámara de Cuentas un expediente por importe de 1,95 millones de euros, de una ayuda otorgada a la UGT de Andalucía. Esto ha imposibilitado a la Cámara «revisar su adecuada justificación y liquidación».

En relación a las ayudas a Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, cuando se elaboró el informe –la fiscalización acabó en febrero de este año– ni siquiera se había aprobado un reglamento adaptado, por lo que seguía aplicándose el reglamento marco que deriva de una normativa reguladora anterior, de 2004. No hay criterios objetivos y baremados, de aplicación en todas las direcciones provinciales, para realizar las propuestas de los proyectos y determinar el importe, por lo que la competencia recae en el presidente del SAE. Igual ocurre en las ayudas de interés general y social. No hay criterios objetivos y ponderados para la selección de los proyectos incentivables.

El descontrol en los proyectos de escuela taller está en el punto de mira desde hace tiempo. LA RAZÓN ya avanzó hace un año que el ex consejero Antonio Fernández, en libertad tras pagar una fianza de 450.000 euros, y el ex delegado provincial del ramo Antonio Rivas, condenado recientemente a pagar 600.000 euros por un delito de cohecho, firmaron al menos en 2007 y 2008 sendas resoluciones para exonerar a entidades beneficiarias de proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo de «la obligación de justificación en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad». Entre los beneficiarios figuraban ayuntamientos, mancomunidades o fundaciones.