Los casos de menores y la objeción sin resolver tras dos semanas de nueva norma

Hoy se cumplen dos semanas desde que entró en vigor la nueva Ley del Aborto. En los primeros días de aplicación se ha hecho evidente que todavía quedan cabos sueltos por resolver. No sólo el Gobierno y las autonomías del PP se han enzarzado en una pelea sobre qué información se debe dar a las pacientes (Valencia quiere aportar ecografías; para el Ejecutivo eso es información «sesgada»), sino que tanto las usuarias como los médicos se han encontrado con situaciones difíciles de solventar con la ley en la mano. En el caso de las menores, durante estas dos semanas, al menos una joven ha acudido a una clínica para interrumpir su embarazo sin permiso paterno. Así lo aseguran fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Aunque los decretos que desarrollan la ley dejan en manos del médico la decisión de si la niña debe abortar o no, en este caso se optó por enviarla a la trabajadora social de su barrio para que fuera esta profesional la que decidiera. En cuanto a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, tampoco está claro. Al menos tres colegios autonómicos han empezado a elaborar un registro: el de Madrid, el de Badajoz y el Consejo de Colegios Andaluces (agrupa a todos los provinciales). Sin embargo, en el caso de este último, no todos los profesionales estarían protegidos, pues en Andalucía la colegiación no es obligatoria. Mientras, en Madrid, sólo 56 facultativos se han inscrito en el registro, pese a que la objeción está generalizada en la sanidad pública. En Galicia, la Xunta ha optado por preguntar a los médicos qué abortos están dispuestos a hacer.