Jorge Fernández Díaz: «ETA debe disolverse por las buenas o por las malas»

Mariano Rajoy ha confiado el Ministerio del Interior, sobre el que van a recaer asuntos muy complicados, como el deseado fin del terrorismo y la conflictividad derivada de la situación económica, a un político avezado, que sabe manejar con la calma del «seny» catalán, las situaciones complicadas y hasta peligrosas. En el poco tiempo que lleva en el Departamento, Jorge Fernández Díaz ya ha demostrado ese buen hacer aunque el reto no ha hecho más que empezar.

–¿Cómo cree que va a evolucionar el problema de orden público a causa de la conflictividad?
–Mi deber como ministro del Interior es cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución y el ordenamiento jurídico. Y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que dependen de este Ministerio, tienen, como una de sus misiones, garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución a los ciudadanos españoles y la seguridad ciudadana. Mi deber, y al mismo tiempo mi deseo, es que efectivamente la seguridad ciudadana, la paz social , sea norma habitual en nuestro país. Sería un ignorante si no conociera que heredamos unas circunstancias económicas, con unas consecuencias sociales; 5,3 millones de parados, casi uno de cada dos jóvenes menores de 25 años, que quieren trabajar y no pueden, que no son el mejor telón de fondo para garantizar una efectiva tranquilidad y paz social.

–¿Cuál es el mensaje del Ministerio ante este problema?
–Creo que una sociedad democrática y avanzada como la española ha de convivir con un nivel razonable de complejidad. Nuestra obligación y deseo es contribuir a que así sea. Creo que lanzar mensajes de serenidad y prudencia son especialmente convenientes siempre; y muy en particular en momentos como los actuales. Estoy seguro de que el buen sentido de la sociedad española así lo entiende también.

–¿Cree que estos sucesos pueden contribuir a deformar la imagen de España?
–La confianza pasa también por transmitir una imagen de un país, que goza de una razonable tranquilidad y normalidad. Cuando se transmiten determinadas imágenes, se deforma la auténtica realidad social. Eso no contribuye a generar confianza y, al final, no favorecemos el objetivo que todos compartimos de la recuperación económica y de la salida de la crisis.

–En los incidentes de Valencia, ¿han intervenido grupos extremistas?
–Sí. Como es evidente que la inmensa mayoría de la gente está en contra de las actitudes de una minoría radical y violenta, que, aprovechando determinadas circunstancias, quieren transmitir una imagen de conflictividad general que no se corresponde con la situación del país. Tampoco beneficia, como he dicho, a la imagen de España en el exterior. En estos momentos, es un dato que hay que tener muy en cuenta teniendo presente que generar confianza es absolutamente necesario para conseguir lo que ya he comentado: generación de empleo, recuperación económica; en definitiva, la superación de la crisis.

–¿Se va a actuar contra estos grupos?
–Se está actuando. Lo que pasa es que hay que separar el grano de la paja y poder hacer cirugía fina. Y en los momentos en los que los ánimos están exaltados, lo primero que hay que hacer es optar por la prudencia y la moderación.

–¿Qué incidencia tienen estos grupos en la sociedad valenciana?
–La conflictividad de algunos grupos minoritarios viene de muy atrás, pero la mayoría de los ciudadanos valencianos se ha manifestado muy claramente como en una democracia se suele manifestar: en las urnas, en las elecciones municipales, autonómicas y generales. En los comicios se han visto los apoyos de unos y otros; y en una democracia, no tiene más representación quien más grita en la calle, quien más alboroto causa, sino quien más votos obtiene en las urnas. Y eso se ha visto últimamente de forma reiterada en Valencia, donde se vienen produciendo actuaciones de esas minorías radicales, violentas, de extrema izquierda y antisistema.

–¿Qué opinión le merece la participación del PSOE en algunas de estas protestas?
–El Partido Socialista no es un partido anti =sistema evidentemente. Ni radical ni violento; y yo tengo el deber de creer, partiendo de la base de que eso es así, que una cosa es que se posicionen, como tienen derecho a hacer, en contra de la reforma laboral y otra muy diferente son algunas manifestaciones que se han escuchado desde sus filas.

–¿La actuación policial durante estos incidentes ha sido la correcta?
–El ministro del Interior siempre, en todo momento, va a apoyar a la institución policial y yo lo quiero reiterar en este momento. Ante todo, y sobre todo, no podemos olvidar que el Cuerpo Nacional de Policía, integrado por 73.000 hombres y mujeres, es un Cuerpo que ha prestado y está prestando, y sin duda, va a a seguir haciéndolo, servicios muy relevantes en beneficio de los ciudadanos españoles, de su seguridad.
Contribuyendo de manera decisiva a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Recientemente, hemos tenido algunas actuaciones que ponen de manifiesto la calidad de la Policía española. Tres agentes ahogados, muertos en Orzán, auténticos héroes, que no dudaron en poner en riesgo su vida, hasta el límite de que la perdieron por salvar la vida de un joven. O el servicio que, recientemente, han prestado deteniendo a una banda criminal que era una de las más peligrosas y perseguidas por todas las policías de Europa.

–Pero se ha abierto una información sobre lo ocurrido en Valencia...
–Tengo que reiterar que yo voy a estar con nuestra Policía. A partir de ahí, ya he anunciado que voy a comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados; que la Delegación del Gobierno de la Comunidad valenciana ha abierto un expediente para conocer las circunstancias que dieron lugar a que se produjeran los hechos del pasado día 20. A partir de ahí, ya tendremos los datos precisos para realizar un análisis. En todo caso, conviene tener muy presente que la Policía tiene la obligación de velar por la seguridad ciudadana y evidentemente no va a abdicar de esa obligación constitucional en ningún momento. En segundo lugar, existen unos derechos constitucionales de reunión, de manifestación, de asociación. El derecho de manifestación tiene que cumplirse en el marco de la Ley y hacerlo compatible con los derechos que tienen el resto de los ciudadanos, para que puedan pasear con libertad por la vía publica, etcétera.

–¿Se cumplieron esos requisitos legales en Valencia?
–La mayoría de las manifestaciones en Valencia no se han hecho en el marco de la Ley. Ha habido una minoría radical violenta que ha atentado contra la Policía, que la ha insultado, que la ha menospreciado y que la ha agredido. Cuando sólo se conoce una parte de los hechos y no la totalidad se tiene una visión limitada de la realidad. Eso también hay que ponerlo en valor y yo lo daré a conocer en mi comparecencia en el Congreso.

–Con este Gobierno ¿se van a producir acampadas como la ocurrida en la Puerta del Sol de Madrid?
–Acampadas como la de la Puerta del Sol no se van a permitir porque son ilegales. El derecho de manifestación es fundamental, pero tiene que realizarse en el marco de la Ley y debe ser compatible con los derechos del resto de ciudadanos. Tenemos el deber constitucional de que eso sea así y este Gobierno y este Ministerio van a hacerlo.

–¿Cómo lo van a evitar?
–Evidentemente, lo vamos a hacer de la manera más eficaz posible, actuando con proporcionalidad y procurando que no sea peor el remedio que la enfermedad. Ahí es donde está el acierto, en el ejercicio de esa responsabilidad. Pero en cuanto a nuestro compromiso y voluntad política, debe quedar claro cuál es nuestro compromiso: que se va a cumplir la Ley y que vamos a hacer que se cumpla. Evidentemente, de la manera más inteligente y de la manera más adecuada. Y, si alguna vez nos equivocamos, tendremos que pedir disculpas.

–¿Qué importancia le da al texto que sobre ETA consensuaron la casi totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados?
–El acuerdo de la práctica totalidad de grupos de la Cámara es realmente histórico. Es un documento parlamentario que tiene una extraordinaria fuerza política porque afirmamos que ETA ha sido derrotada por el Estado Democrático de Derecho y le exigimos que se disuelva de forma incondicional. Eso, insisto, tiene un valor extraordinario. Además, enfatiza el testimonio ético y moral de las víctimas del terrorismo. Refuerza el compromiso con las víctimas del terrorismo de ETA para salvaguardar su memoria y la verdad histórica, defender su dignidad y hacer justicia a todas las víctimas que han sufrido el terrorismo etarra. Y por último, insta al Gobierno a que velemos por el estricto cumplimiento de la Ley y persigamos cualquier conducta que en el futuro pueda realizarse contra al ordenamiento jurídico.

–¿En este último punto entrarían posibles conductas antijurídicas que pudieran cometer Bildu o Amaiur?
–Evidentemente. Eso es lo que dice. Le insta al Gobierno a que esté atento a la actuación o la conducta de esas organizaciones, en la medida que violen el ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, de los derechos y libertades fundamentales. Dicho de otra manera, que esté el Gobierno atento a que la actuación o la conducta de esas organizaciones, en la medida en que violen el ordenamiento jurídico o atenten contra la convivencia pacífica de los ciudadanos o los derechos y libertades fundamentales, nos haga que tengamos que ejercer la iniciativa prevista en la Ley de Partidos Políticos para instar, mediante la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, a su ilegalización. Ahora no hemos aceptado iniciar ese procedimiento, porque jurídicamente no hay bases como para hacerlo, según los informes de que disponemos, elaborados por dicha Abogacía y por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

–¿Y si hubiera prosperado la moción de UPyD?
–Si hubiéramos instamos la ilegalización, como pedía UPyD, y la Justicia nos da un revolcón, lo que habríamos conseguido era reforzar todavía más a ese mundo. Por otra parte, el Gobierno, en lugar de poseer esta declaración de unidad de todo el Congreso, lo que tendría sería lo contrario: el Congreso dividido porque habría roto la unidad que es necesaria en la lucha contra el terrorismo.

Víctimas del terrorismo
–¿Le han hecho llegar las víctimas su preocupación por este asunto?
–Sí. Me he reunido con Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, y le he explicado la situación; se ha quedado tranquila. Le he enseñado los informes jurídicos y le he transmitido que nosotros queremos la disolución incondicional de ETA y, por supuesto, sin pagar ningún precio político. Nos podremos equivocar; pero las ideas y los principios no están en cuestión.

–El texto del que hablamos, ¿no va en contra de lo que se ha dado en llamar «hoja de ruta» que, al parecer, fue pactada durante la anterior legislatura?
–A nosotros que se nos juzgue por lo que estamos haciendo. Nosotros no hemos pactado nada de eso que se dice «hoja de ruta». Yo soy ministro del Interior y yo no he pactado nada de nada, y este Gobierno no ha pactado nada, ni tiene la llamada «hoja de ruta» establecida con nadie. Este Gobierno tiene un proyecto y un objetivo político que se resume en dos palabras: ETA disolución incondicional, así de claro. Exigir a ETA su disolución. El contenido del texto no coincide con algunas afirmaciones hechas recientemente por dirigentes de partidos que ahora lo han firmado. Esa será su responsabilidad. El Gobierno hace y dice lo mismo en el País Vasco y en Madrid y en el resto de España, y si otros no lo hacen, será su responsabilidad y tendrán que explicarlo.

Política penitenciaria
–Del documento del Congreso parece deducirse que va a seguir la misma política penitenciaria con los presos de ETA.
–Nosotros seguimos aplicando la Ley General y la política de dispersión está prevista en esa ley, que atribuye a la Administración Penitenciaria la potestad de determinar en qué centro penitenciario ingresa cada recluso, sea terrorista o no. El artículo 25 de la Constitución afirma que la pena privativa de libertad estará reorientada a la reinserción social, y la política de dispersión, en contra lo que se cree, lo que pretende es facilitar la reinserción.

Mientras ETA exista, es evidente que la coacción que ejerce sobre sus presos es más fácil si están todos juntos que si están dispersos. De esa manera, son más libres si lo desean para acogerse a los posibles beneficios de la Ley. La dispersión no se aplica sólo a los etarras, sino también a los terroristas del GRAPO, a los yihadistas y a los de la mafia criminal serbia recientemente detenidos. La política que aplicamos es la de favorecer la reinserción individualizada. Todo preso que esté dispuesto a cumplir los preceptos de la ley (petición de perdón, rechazo de ETA, abandono de la organización, asunción de las responsabilidades civiles, colaboración activa con la autoridad judicial...), en la medida en la que el recluso los cumple, nosotros tenemos la voluntad de ayudarle y favorecerle, pero ETA no se lo permite. El mayor enemigo de los presos es la propia organización terrorista.

Izquierda Abertzale
–¿La llamada izquierda abertzale celebra hoy un acto en San Sebastián. ¿Qué le debería decir a ETA?
–La izquierda abertzale tiene que exigirle a ETA que se disuelva de forma incondicional. ETA no tiene otra salida. Se ha de disolver, por las buenas o por las malas.

–¿Qué quiere decir por las buenas o por las malas?
–Que se disuelva por propia iniciativa y cuanto antes; o bien, la actuación del Estado de Derecho la va a disolver de hecho.

–El acto del que hemos hablado viene rodeado de una cierta expectación. ¿Qué le gustaría como ministro del Interior que dijera la izquierda abertzale?
–Que dejen de una vez de ampararse en supuestos conflictos y pidan a ETA, causante de todo el daño, que desaparezca.

–¿Espera que haga eso la izquierda abertzale?
–No. No son creíbles. Es un movimiento táctico dentro de su estrategia. Nos tienen acostumbrados a grandes declaraciones para luego seguir haciendo lo mismo. Queremos ver en el día a día a los miembros de la izquierda abertzale demostrando con sus hechos ese «pesar» por el dolor que han causado y que muestran ese «pesar» cuando comparezcan en los medios.Y que dejen de imponer chantajes diciendo que la paz solo llegará cuando se le concedan sus objetivos. La paz está llegando por la fortaleza del Estado de Derecho, que está obligando a que recorran todo el camino que tienen que recorrer hasta que ETA desaparezca y pidan perdón por lo hecho.
Terrorismo yihadista

–¿Cuál es el nivel de peligro de España respecto del terrorismo yihadista?
–El nivel de peligro de España es similar al que tiene el mundo occidental. Es evidente que España ocupa una singular posición geoestratégica que es la que es, pero no hay motivos para que tengamos más alarma que la que tienen otros países occidentales En el mismo nivel de alarma que tiene el conjunto de Europa...Trabajamos contra esa fórmula de terrorismo, pero sin que tengamos motivo para que en España haya una especial alarma respecto a la que tienen otros países de occidente.
 

EN PRIMERA PERSONA
Nacido en Valladolid en 1950, Jorge Fernández Díaz, ingeniero industrial, pertenece al Cuerpo de Inspectores Superiores de Trabajo y Seguridad Social. Su carrera política ha estado unida a Cataluña, hasta que pasó a la política nacional, en la que se ha ocupado de diversas responsabilidades como secretario de Estado. Su nombramiento como ministro del Interior supuso una sorpresa, pero era una prueba más de la confianza que en él tiene Rajoy. Jorge Fernández no es hombre de pocas palabras, siempre empeñado, por un afán didáctico que le honra, en explicar las cosas hasta el último detalle. Pero sabe medir el alcance de sus afirmaciones, por más que sus rivales pretendan, en alguna ocasión, coger, como se dice vulgarmente, el rábano por las hojas.

No habrá negociación con ETA

–¿Por qué no deja de existir ETA?
–Ellos esperan una negociación que este Gobierno no va a realizar. Hoy es una buena ocasión para decirle a Amaiur y a la Izquierda Abertzale que exijan la disolución incondicional de ETA. Y que lo proclamen de manera solemne y firme.

–¿Cree que la izquierda abertzale manda en ETA? ¿Realmente se lo puede pedir?
–No sólo se lo puede pedir sino que se lo debe exigir. Es evidente que la izquierda abertzale quiere ganar, de cara a los comicios autonómicos del próximo año, respetabilidad social y sabe que eso no es posible yendo de la mano de una organización terrorista. Eso forma parte de su estrategia. La del Gobierno, es combatir a la organización terrorista y eso es lo que vamos a seguir haciendo.