Las autonomías del PSOE amenazan el estreno de la ministra en Santiago

En una extraña decisión, Sanidad aparcó el decreto sobre los productos sanitarios y el de la prescripción enfermera, y optó por seguir adelante con la resolución sobre la unidosis o dispensación individualizada de medicamentos a los pacientes, y con el decreto de márgenes de las oficinas de farmacia. La ira de varios territorios regidos por los socialistas estalló durante la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial que se celebró hace justo una semana en Madrid. En esa cita, Andalucía rompió la espita contra el Ministerio, y lamentó, por ejemplo, los «errores de bulto» en las normas presentadas por el Ministerio, la falta de una evaluación económica sobre el impacto de las mismas o los fallos de procedimiento que obviaron su pase por la Comisión de Farmacia del máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica. Esta postura fue compartida con respecto a algunas de las normas presentadas por Cataluña, el País Vasco, Cantabria, Baleares y, en menor medida, Extremadura. Sorprendidas, las autonomías regidas por el PP también criticaron al departamento que dirige Leire Pajín.

Fuentes del sector interpretan este plante de los feudos del PSOE al Ministerio que encabeza una persona de su partido por la reacción que ha tenido este departamento contra las normas dirigidas a atajar el gasto farmacéutico que han aprobado o esperan aprobar Castilla-La Mancha, País Vasco, Andalucía, Cantabria y la propia Extremadura. Su característica es que, o bien obstaculizan la prescripción de determinadas marcas de medicamentos por parte de los médicos, o bien las eliminan directamente del catálogo público pese a haber sido autorizadas por la Administración Central.

La norma sobre la dispensación individualizada de medicinas o «unidosis» que llegará hoy al Consejo Interterritorial recibió fuertes críticas por su impacto. Sanidad ha asegurado que ahorrará unos 300 millones a las arcas públicas. Madrid, por ejemplo, cifra sólo el recorte en 26 millones, mientras que Galicia lo rebaja a apenas tres millones de euros.