España tendrá un fiscal para la igualdad de trato antes de tener una ley contra la discriminación

En el decreto, que será remitido para su aprobación al Consejo de Ministros, Conde-Pumpido recoge esta circunstancia y explica que si bien la convocatoria adelantada de elecciones generales ha impedido el trámite parlamentario de la ley, esto "no cambia la realidad social ni el contexto jurídico, particularmente en el ámbito de la Unión Europea, de los que había surgido la necesidad de ofrecer una respuesta institucional al fenómeno de la discriminación".

 En este sentido, explica citando la exposición de motivos del proyecto de Ley que "la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas"y destaca que en el desarrollo de esta función tiene un papel "inequívoco"el fiscal, a quien corresponde "promover la acción de la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos".

Asimismo, el Fiscal General recuerda que el Consejo Fiscal dio dictamen favorable al proyecto normativo en lo que se refería a la previsión de crear una figura especial para promover y coordinar las actuaciones penales que sancionen comportamientos discriminatorios, al considerar que tendría un "adecuado encaje en la estructura y la lógica, basada en el principio de especialización, del actual modelo organizativo y funcional de esta institución".

Sobre este asunto, indica también que "la transversalidad del fenómeno de la discriminación en el Derecho Penal exige dar un paso más, precisamente para reforzar la presencia tuitiva del Ministerio Público allá donde más grave o más intenso es el alcance de esas conductas discriminatorias y, por tanto, más serio el riesgo para las víctimas".

Como ejemplo, el decreto expone la "tarea ya consolidada"de algunas de las redes de Fiscalías Especialistas, como la Fiscal de Sala de violencia sobre la mujer, el de Extranjería e Inmigración, el de Siniestralidad Laboral o la de Menores, que "ha venido a cubrir importantes áreas en las que la vulneración del principio constitucional de igualdad se traduce en conductas delictivas, e incluso también otros fenómenos ajenos a la esfera penal".

La resolución adoptada por Cándido Conde-Pumpido ha sido remitida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, los ministros de Justicia y de Sanidad, Política Social e Igualdad, los miembros del Consejo Fiscal y de la Junta de Fiscales de Sala, de los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas y de los Fiscales Jefes de las Fiscalías Provinciales y de Area.

La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación fue en el programa del Partido Socialista en las últimas elecciones generales y ha sido una de las normas más anunciadas por su Gobierno a lo largo de la legislatura, aunque el anteproyecto no vio la luz hasta el mes de enero de este año y no se transformó en proyecto de Ley hasta finales del mes de mayo.

Aunque el Consejo de Ministros remitió el proyecto a las Cortes para su tramitación por vía de urgencia, esta petición fue rechazada por los grupos parlamentarios, quienes optaron por dar curso a la norma por la vía ordinaria. Este hecho, sumado a la convocatoria de elecciones anticipadas con la disolución de las Cámaras el 26 de septiembre, imposibilitó la norma entrase en vigor antes de terminada la Legislatura como era intención del Gobierno.