El PP se echará a la calle para evitar el veto a los alcaldes en el Parlamento

La iniciativa está premeditadamente dirigida a fracturar la estrategia del Partido Popular, que ha basado gran parte de su éxito en el papel de sus responsables municipales, con una representación en la Cámara de alcaldes que ha crecido tras la amplia victoria cosechada en las elecciones del 22 de mayo.
El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer una movilización social para impedir que entre en vigor el dictamen sobre transparencia y calidad democrática. En la clausura de la Escuela de Verano del PP andaluz en Islantilla (Huelva), el dirigente popular aseguró que, si la medida sale adelante, «será contra determinadas personas», de forma que afirmó: «La vamos a combatir con todas las consecuencias porque es una ley profundamente injusta».
Así, concretó que el PP organizará desde septiembre manifestaciones e incluso acudirá a la Justicia «para defender los derechos de los alcaldes», y advirtió de que, si gana las elecciones, «la mayoría social del cambio devolverá a los alcaldes al Parlamento si son expulsados por el Partido Socialista». Además, lamentó que la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) «no diga nada», aunque «ya no representa a nadie».
Censuró que «un alcalde no pueda ser parlamentario y sí puedan los concejales». «Un alcalde puede ser eurodiputado, diputado al Congreso o senador, y no puede ser parlamentario» autonómico, abundó.
El Partido Popular elevó al grupo de trabajo 54 iniciativas y sólo dos fueron aceptadas por el PSOE. El PP pedía la reducción de consejerías, la limitación a ocho años de los mandatos del presidente de la Junta o la reducción del 50 por ciento de altos cargos y de delegados provinciales. El Partido Socialista sólo aceptó promover la retransmisión de los plenos a través de los medios públicos andaluces y habilitar julio para la reunión de los órganos de la Cámara.
De aprobarse, la medida también afectará de lleno al parlamentario de IU, líder de CUT-BAI y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. En declaraciones a Ep, la calificó ayer de «auténtico disparate». El dirigente izquierdista defendió a los alcaldes al describirlos como «los mayores representantes del pueblo» y los consideró «imprescindibles para la democracia». «Sin ellos, no habrían existido ni el 4 de diciembre ni el 28 de febrero» ni, por tanto, «Andalucía habría podido obtener la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución». Gordilló usó la misma crítica que ha esgrimido el PP en estos días – «golpe al municipalismo»– y avisó de que acudirá «al Constitucional, a Estrasburgo o a donde haga falta».

Insta a una respuesta por las Visa oro y coches de lujo en el Patronato
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, instó ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, «el rey del despilfarro», a dar «una explicación inmediata ante el escándalo» en la gestión en el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, considerándolo además «responsable de que se construya una casta de privilegiados socialistas con todo tipo de abusos».
En este sentido, insistió en que los andaluces merecen «una explicación directa» del jefe del Ejecutivo andaluz sobre «cómo se pueden permitir los socialistas una gestión llena de abusos, con coches de lujo, decenas de tarjeta de crédito Visa Oro y American Express Business, que supone el peor ejemplo de gestión de los recursos públicos». El PP denunció el sábado que la ex gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Ana Gómez, además de tener un sueldo de más de 97.000 euros, gastó más de 1.000 euros mensuales en el alquiler de coches Audi, Mercedes o BMW de alta gama. «El PSOE es la antítesis de la austeridad», apostilló.