Rajoy desincentivará la prejubilación y estudia que compute toda la vida laboral

MADRID- El Gobierno se inclina por incluir cambios en el sistema de pensiones en la agenda de nuevas reformas que presentará la próxima semana junto con los Presupuestos Generales del Estado para 2013. «Sin tocar expresamente el poder adquisitivo de los pensionistas», la gran línea roja. Según fuentes del equipo económico, la idea es mover ficha y anticiparse preventivamente a la Unión Europea para limitar sus exigencias y, al mismo tiempo, evitar que luego se diga que cualquier modificación introducida ha sido por una nueva imposición exterior, es decir, la famosa condicionalidad de la que tanto se habla ante la posibilidad de que España acabe adhiriéndose a la línea de financiación abierta por el Banco Central Europeo (BCE).
Precisamente, ayer se reactivó la presión exterior para que España pase por ese aro.
Informaciones del «Financial Times» y de la agencia Reuters apuntaban que el ministro de Economía, Luis de Guindos, mantiene conversaciones con Bruselas sobre las reformas que España tendrá que ejecutar para que el BCE alivie la crisis de deuda. Al respecto, el Gobierno insistió en que sigue sin cerrar la decisión. La subasta de bonos de esta semana, especialmente a largo plazo, que era la prueba de fuego, ha sido tranquilizadora y ha animado la voluntad de Mariano Rajoy de seguir resistiéndose en tanto el mercado aguante y no tenga bien atada la bondad de las condiciones del «rescate».

Fuentes gubernamentales precisan que las condiciones ya están puestas y ligadas al cumplimiento del objetivo de déficit, y que lo peor del proceso es el estigma político que lleva implícita0 la palabra «rescate». Dentro de sus recomendaciones, Europa no ha dejado de meter presión con las pensiones por la virulencia de la crisis y, más allá de la coyuntura, por la previsión de mayores gastos por el propio envejecimiento de la población.

El Gobierno recuerda que Bruselas nos ha exigido que se mejoren las condiciones de trabajo de los mayores y se fomente su reincorporación al mercado de trabajo. El pasado año, más del 40 por ciento de las jubilaciones fueron anticipadas. Sobre esta base, la reforma que se estudia incluir en la nueva agenda implica desincentivar las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Un camino en el que ya han tomado decisiones.

Por ejemplo, la reforma laboral castiga a las empresas con beneficios que prescindan de trabajadores mayores de 50 años. El Ejecutivo quiere profundizar en esta línea e introducir beneficios para quien voluntariamente decida seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. Además, también estudiar avanzar en la dirección de que se compute toda la vida laboral para calcular la pensión. Esta medida se enmarca dentro del objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Mariano Rajoy anticipó a principios del verano que tenía la intención de llevar hasta el Pacto de Toledo un proyecto de ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.

Eso sí, el Gobierno niega categóricamente que esté negociando con Bruselas la congelación de las pensiones. El debate lo reabrió ayer una información de Reuters, que fue desmentida por Economía y de la que también el comisario europeo Joaquín Almunia dijo no tener constancia. Reuters sostenía que el Gobierno estaba estudiando congelar las pensiones y acelerar el plazo para aumentar la edad de jubilación como medidas de ahorro para recortar el gasto y responder así a las recomendaciones planteadas por la Comisión Europea el pasado mes de mayo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, también desmintió esta información y ante la insistencia en las preguntas se remitió a lo ya manifestado por Rajoy: «Las pensiones sería lo último que tocaría». En cualquier caso, el Gobierno asume que su compromiso de revalorizar las pensiones sobre la base del desvío del IPC se ha convertido en un difícil reto.