Ministerio de Justicia

Tres de cada cuatro españoles apoyan la cadena perpetua

La imagen de la Justicia logra sus peores resultados en los últimos 25 añosConsulte el gráfico adjunto con más información

La Razón
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Madrid- Tres de cada cuatro españoles piensan que, en general, los delincuentes no son tratados en nuestro país con la dureza que merecen, que las penas deberían ser más severas de lo que ahora son y que en delitos de especial gravedad debería ser posible la cadena perpetua. Y un 66% considera que la sociedad es demasiado permisiva con los delincuentes y se preocupa más por entenderles que por aplicarles la ley. Los ciudadanos coinciden en que habría menos delincuencia si existiese más trabajo y menos paro y si se incrementaran el control y la vigilancia policial. Éstas son dos de las principales conclusiones del III Barómetro del Observatorio sobre la Actividad Judicial realizado por la Fundación Wolters Kluwer, que preside el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López y de la que es directora general Rosalina Díaz.

Sobre la cadena perpetua, Juan José García de la Cruz, jefe de la sección de Estudios Sociológicos del CGPJ, señala que «los ciudadanos no conocen alternativas a la cadena perpetua o la pena de muerte para mantener alejados de las calles a los delincuentes potencialmente más peligrosos». Por ello, propone aplicar las nuevas tecnologías al ámbito penitenciario.

El estudio, con la colaboración de Metroscopia, pone de manifiesto el sentir de una amplia mayoría de que las penas para delitos de cierta relevancia son insuficientes. Además, hay rechazo mayoritario a la idea de que la cárcel sea una pena demasiado severa y se cuestiona que los presos puedan contar «con instalaciones como gimnasio, sala de televisión o biblioteca».


Un dato preocupante es que la imagen de la Justicia sigue sin levantar cabeza. Los resultados obtenidos son los peores de los últimos 25 años. El 65% considera que la Justicia funciona «mal o muy mal, frente al 16% que opina que actúa «muy bien o bien». Estas cifras, comparadas con las de 1987, suponen un incremento del 25% sobre los que tenían una percepción negativa de la Justicia. El apoyo popular a la institución del jurado también desciende. Los ciudadanos confían más en jueces y magistrados para resolver sus conflictos judiciales. El 60% de los ciudadanos elige a los jueces frente al 33% que opta por el jurado, «proporciones que se han incrementado claramente desde el año 2010».