Mejor Justicia

En un país con una grave situación económica como la que tenemos, es necesario adoptar grandes y profundas reformas de nuestro sistema, y la justicia no puede quedar al margen. El Gobierno ha aprobado una iniciativa para agilizar la Justicia, en la que se plantean muchas cuestiones, las cuales fundamentalmente tienen como fin racionalizar nuestro modo de organizar los tribunales, y rebajar en lo posible nuestra excepcional e insostenible litigiosidad. Hace un año, en esta misma tribuna, adelantaba que «en un momento como el actual, marcado por una profunda crisis económica, rebajar el déficit público se impone no sólo como uno de los objetivos de una responsable política económica, sino como una auténtica necesidad... Por ello hoy se impone, más que nunca, que iniciado tras seis años de retraso, un proceso de lo que parece ser una real modernización de la Justicia, este proceso tenga también como uno de sus objetivos mejorar el sistema, para que sin una mínima merma de la calidad de la Administración de Justicia, se haga empleando menos recursos, y se utilicen de manera mucho más racional». No es este el marco para valorar y analizar técnicamente tales reformas (las más importantes son la creación de los tribunales de Primera Instancia que acaban con los tradicionales, y la racionalización del sistema de recursos, limitándolos y aumentado las cuantías mínimas para recurrir).Tales medidas, al margen de su acierto o no, lo que realmente ponen de manifiesto, es la necesidad de afrontar en profundidad una radical transformación de nuestra Justicia, manteniendo lo bueno, y superando lo que la lastra e impide que funcione con eficacia, y sobre todo, con esa nueva palabra mágica, eficiencia. Para ello se debe tener claro lo que realmente queremos y necesitamos; además, evitar falsos triunfalismos y atávicos prejuicios, esto es, no se debe enfrentar la racionalización de medios con la garantía de la tutela judicial efectiva. La Justicia tiene una evidente importancia en la economía y el bienestar social, los cuales se ven alterados por la existencia de disfunciones de los sistemas judiciales, sobre todo cuando estos están marcados por un carácter lento, costoso, ineficaz e imprevisible, convirtiéndose en poco fiables para los operadores, tanto económicos como no económicos. El sistema no puede asumir ni admitir una cifra cercana a los diez millones de asuntos, como una cifra inexorable imbricada en el ejercicio de la tutela judicial efectiva. El error ha consistido en ir adaptando nuestro maltrecho sistema judicial a estas cifras, como un hecho natural, lo cual supone fijar la solución al problema, en sumar más recursos al mismo, más jueces, más juzgados, más funcionarios, etc. Este ha sido un craso error, la solución, además de organizar mejor los medios que tenemos, es asumir que esta cifra de litigiosidad es uno de los problemas y tenemos que reducirla. No cabe duda de que se tiene que racionalizar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si bien la solución no sólo pasa por amentar la cantidad mínima para poder recurrir, sino permitir al Tribunal Supremo que fije un número máximo de recursos a atender anualmente por razón de la materia e interés ocasional, de tal suerte que pueda pronunciarse sobre muchos y variados temas, y no sólo en función de la cuantía. Tenemos que apostar por la seguridad y previsibilidad jurídica como los fines esenciales del sistema; la previsibilidad jurídica es en sí misma un elemento activo contra la litigiosidad. El ejercicio de la tutela judicial efectiva que algunos predican, no sirve para justificar sus pretensiones, porque no se puede confundir el interés legítimo del ciudadano con la legítima expectativa de negocio de ciertas profesiones, deben ser conciliables, pero no son lo mismo. Pero más allá de estas medidas que por su necesidad se convierten en importantes, se impone una reforma global del modelo, el cual sólo puede partir de un gran pacto social y político. Se debe reformar el modelo organizativo en su totalidad, buscando un modelo que no necesita más jueces, sino más y mejor asistidos, mejor pagados, mejor organizados, y sobre todo, con menos trabajo. Se impone el estudio de la generalización de las tasas judiciales; la Justicia es un valor y un principio, pero también es un servicio público que tiene un coste, y se debe educar a la sociedad en su uso racional. Los tribunales no pueden ser utilizados como unos instrumentos de demora en el cumplimiento de las obligaciones, y si se hace, las costas deben ser ejemplares. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre un modelo de Justicia donde es muy fácil litigar y donde no sólo no se disuade del uso del sistema, sino que a veces se anima a su ejercicio. Todo el trabajo que queda por hacer es mucho, ingente, pero muy importante, y requiere de la participación de todos los implicados, pero eso sí, capitaneados por un equipo con ilusión, formación y capacidad de trabajo.