El juez imputa al concejal Pedro Calvo por el suceso del Madrid Arena

Se trata del concejal de Economía y Empleo del consistorio, quien en su condición de presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos es el responsable de la cesión de los locales municipales para la organización de eventos como la fiesta de Halloween en la que una avalancha costó la vida a cuatro jóvenes.

El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, ha citado a declarar como imputado para el día 20 al empresario Miguel Ángel Flores, gerente de la empresa Diviertt, organizadora del evento, y al día siguiente al representante legal de la empresa de seguridad Kontrol 34.

El juez, acompañado por el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha llevado a cabo esta mañana una inspección ocular en el pabellón del Madrid Arena, donde ocurrieron los hechos la madrugada del día 1 de noviembre.

También han acudido a la inspección representantes de la Policía Científica y de la Brigada de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía, así como dos policías nacionales y un agente municipal de Madrid que acudieron a la fiesta estando fuera de servicio.

Tras la inspección, el fiscal superior de Madrid ha resaltado que "en este procedimiento lo que se va a investigar es si han existido responsabilidades penales"y ha agregado que "las eventuales responsabilidades administrativas o políticas deberán depurarse en otros ámbitos".

El Ministerio Fiscal quiere que se realice "una investigación lo más exhaustiva y minuciosa posible"que permita depurar responsabilidades y determinar cuál fue el motivo que generó el trágico suceso y quiénes son las personas responsables, ha señalado Moix.

"Si alguien del Ayuntamiento ha cometido una conducta que pudiera ser constitutiva de una infracción penal se le podrá imputar", ha explicado el fiscal superior de Madrid, quien ha precisado que las imputaciones se realizan cuando se está determinando la posible participación o intervención de la persona en los hechos.

La imputación es simplemente para que la persona pueda defenderse con todos los derechos que le reconoce la ley y no quiere decir que sea culpable o no, ha agregado Moix.

La inspección ocular dirigida por el juez instructor del caso constituye una diligencia de investigación más que debe añadirse a las que está practicando y va a practicar la policía judicial y a las que en los próximos días va a llevar a cabo el magistrado instructor.

Se trata de averiguar cuál fue la causa o las causas que originaron el trágico suceso y, a partir de ahí, valorar si hubo algún tipo de responsabilidad penal tanto en las personas o en las empresas organizadoras del evento o en aquellas que tuvieron intervención en el control de los accesos o en el control de la seguridad dentro del Madrid Arena.

Durante la inspección, se ha visitado el recinto en el que se produjo la avalancha de personas y la muerte de las jóvenes, al tiempo que se ha constatado cómo era el lugar y cómo estaban localizadas las entradas y salidas.

Según Moix, los tres policías que estuvieron presentes en el sitio en la noche de Halloween han dado su versión de los hechos "in situ", lo que ha permitido comprender la situación de forma más clara y sencilla que cuando simplemente se escuchan unas manifestaciones.

Los policías, testigos presenciales, han dicho que la noche de los hechos se tiraron "petardos", pero "no parece que eso tuviese relación con la avalancha que se produjo", ha precisado el fiscal.

En cuanto al aforo, Moix ha detallado que está a la espera del informe de la Policía Científica para ver si con todas las imágenes de las cámaras se puede cuantificar aproximadamente el número de personas que había en el recinto, que permanecerá precintado por el momento.

Sobre si había puertas cerradas o precintadas, Moix ha comentado: "No sabemos cómo estaban cuando se produjeron los hechos, pero no parece que estuviesen cerradas".

El fiscal ha expresado su deseo de esperar a disponer de la información que va a suministrar la Policía sobre las cámaras y el aforo y a tener el atestado completo de la Policía para, a partir de ahí, valorar hacia dónde se va a dirigir la investigación y ver si hay que solicitar al juez la práctica de otras diligencias.