Cataluña

Archivan todas las denuncias de los conductores insumisos contra Interior

La Fiscalía considera que «sobrepasaron la legalidad de forma evidente»

Imagen de conductores insumisos en una de las convocatorias en el peaje de Martorell
Imagen de conductores insumisos en una de las convocatorias en el peaje de Martorelllarazon

BARCELONA- Al ser expedientado y multado por exigir que le levantaran la barrera del peaje que se negó a pagar, Uriel Bertran, diputado de Solidaritat, denunció la sanción ante el Ministerio Fiscal. Como él, otros tantos conductores adheridos al movimiento #novullpagar llevaron denunciaron a la conselleria de Interior al recibir la multa correspondiente a su insumisión. Ahora, la Fiscalía les has respuesto que, en ningún caso, la actuación de la Administración es constitutiva de delito.

La conselleria de Interior recibió por parte de las concesionarias de autopistas unas 55.000 denuncias contra aquellos que participaron en las diferentes convocatorias de insumisión. De éstas, Interior archivó las que no identifican correctamente al conductor del vehículo e hizo llegar el resto a los infractores. Las multas, de 100 euros, se justificaron por la infracción del Reglamento General de Circulación.

Bertran consideró, al recibir la sanción, que ésta «vulnera las disposición legales aplicables». Y, explicó en su denuncia que se le exigió «bajo amenaza de ser sancionado» que identificara al conductor del vehículo. Señaló también que ni se le informó del hecho por el que se le sancionaba ni tampoco se le entregó ningún documento que acreditara que se le multaría.

Sobre todo ello, la Fiscalía considera, en el auto que archiva la denuncia, que no se ha producido un delito de prevaricación ni de coacciones –ilícitos que reclamó Bertran–, porque no es una resolución arbitraria lo que sólo sucede cuando «se sobrepasa la legalidad de una forma evidente, flagrante y clamorosa». En este sentido, el solicitar la identificación del conductor «no puede integrar el delito de coacción porque no constituye propiamente una amenaza». Es más, aún, si se admitiera la argumentación esgrimida por Bertran, «cualquier actuación administrativa», sería constitutiva de delito.