La juez de Madrid confirma remitir los detenidos del 25S a la Audiencia Nacional

En un auto hecho público hoy, en el que desestima los recursos de reforma interpuestos contra su resolución, la magistrada sostiene que no se han desvirtuado los fundamentos de derecho que expuso para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al entender que el caso es de su competencia.

A principio de mes, tras tomar declaración a 34 de los detenidos en la protesta celebrada el 25 de septiembre, la magistrada consideró que la concentración se celebró coincidiendo con la sesión plenaria que tenía lugar en el Congreso "con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente".

Por ello entendió que los hechos son constitutivos de un presunto delito contra las instituciones del Estado y, por lo tanto, es competencia de la Audiencia Nacional, que además ya tramitaba unas diligencias contra ocho de los convocantes de la protesta.

Dado que contra su resolución también se interpusieron recursos de apelación, la magistrada ha dado ahora un plazo de alegaciones a las partes.

La puesta a disposición judicial de estos detenidos originó en su momento una discrepancia entre la Policía y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya que la brigada de información quería ponerlos a disposición del juez Pedraz, pero este aseguró que los delitos de los que se les acusaba no eran de su competencia.

Finalmente la juez de guardia de los juzgados de Plaza Castilla tomó declaración a los detenidos y puso en libertad con cargos a 33 de ellos, mientras que decretó para otro su ingreso en prisión eludible bajo una fianza de 1.000 euros.

En el auto de inhibición, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid explicaba que el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ya había instruido unas diligencias contra los convocantes de la concentración del 25S "Rodea el Congreso".

En la convocatoria, según la juez, se exigía un proceso "de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado", con abolición de la "actual Constitución"y el inicio del proceso de constitución "de un nuevo sistema de organización política, económica y social".

Durante la protesta, se produjeron "incidentes ocasionados porque algunos de los asistentes intentaron rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso de los Diputados, así como impedir a los diputados "abandonar el hemiciclo, lanzando objetos a los funcionarios de Policía que allí estaban"e intentando "saltar las vallas de protección".

La juez vio "claro", como así lo refleja "repetidas veces"la Policía, que este atestado es "ampliatorio"del que ya estaba en poder de la Audiencia Nacional en relación a los convocantes de la protesta.

Tras referir que durante el 25S se produjeron altercados e incidentes con los ciudadanos que "pretendían rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrentándose por ello con los funcionarios de Policía", la juez consideró que dichos hechos "podrían encuadrase en un presunto delito contra la Instituciones".

Por ello, procedía a la remisión de las diligencias al juez Santiago Pedraz, quien ya eludió hacerse cargo de los detenidos.

Además, el pasado 4 de octubre, Pedraz archivó la causa contra los ocho convocantes del 25S y enmarcó la protesta en el derecho a la libertad de expresión, "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".