Chaves declarará por no inhibirse en la subvención a la empresa de su hija

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido el interrogatorio al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, tras la demanda del PP cuando era presidente de la Junta, por no inhibirse en la concesión de una ayuda a Matsa, empresa en la que trabaja su hija. Según la providencia del alto tribunal facilitada por el PP, «en relación con el interrogatorio del testigo, Manuel Chaves González, se admite y declara pertinente la misma».

El PP registró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda contra la decisión del Gobierno andaluz de no incoar expediente sancionador a Chaves por el «caso Matsa».

El escrito, que fue registrado el pasado 26 de marzo, propone la nulidad del acuerdo adoptado el 21 de julio de 2009 por el Consejo de Gobierno de no incoar expediente sancionador y archivar las actuaciones previas a que dieron lugar el escrito presentado por el PP sobre la subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja Paula, la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.

El acuerdo del Consejo de Gobierno fue motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no apreció indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta, tal y como consideró el PP en su denuncia.

Los populares denunciaban que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción «muy grave» al haber producido un daño «manifiesto» a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.

En su demanda, el PP rechazó los argumentos del Consejo de Gobierno de que no se podía incoar expediente a Chaves porque «la administración no podía ni debía conocer» la participación de Paula Chaves en Matsa, cuando en realidad es algo que «incumbía» al propio ex presidente de la Junta.


Las claves
- Manuel Chaves abandonó la Junta de Andalucía al poco tiempo de presidir un Consejo de Gobierno que aprobó una subvención de 10,1 millones de euros a una empresa de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra.
- El PP presentó una demanda contra la decisión del Gobierno andaluz de no incoar expediente sancionador a Chaves. Los populares alegaban presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. El TSJA le llama ahora a declarar.