La juez ordena rastrear el patrimonio familiar del ex consejero imputado

Entiende la titular del juzagado que, «dada la extraordinaria amplitud y complejidad de los hechos que abarcan un amplio espacio temporal y todo el territorio de la comunidad autónoma, resulta más que evidente que criterios de oportunidad y sobre todo de prudencia obliguen a demorar la toma de declaraciones de los imputados hasta que se conozcan con claridad y detalle los hechos investigados». Por el momento, según la auditoría interna del Gobierno andaluz, hay 72 intrusos y 111 irregularidades.

El juzgado reclama más información al Gobierno andaluz sobre convenios, contratos de aseguradoras –alguno «incompleto» como el de Vitalia en relación a Hitemasa– y abundante información de la trama y especialmente de las empresas en el punto de mira. Asimismo, encomienda a la Policía Judicial numerosas diligencias. Entre ellas, que además de seguir investigando el patrimonio de los inculpados, se centre en cuatro de los principales imputados para que «haga extensiva dicha investigación a sus cónyuges, padres de ambos, hijos de ambos y en su caso sus respectivos cónyuges y/o parejas, así como los hermanos y sus cónyuges y sus parejas».

Es decir, el rastreo de todo el entorno familiar directo del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; de Juan Lanzas, el ex sindicalista de UGT conocido como «el conseguidor»; del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, para el que la Fiscalía ya pidió 900.000 euros por las comisiones ilegales de «Mercasevilla»; y de Antonio Fernández, el ex consejero de Empleo que aparecía en el ERE de González-Byass con la antigüedad laboral de su fecha de nacimiento y que, según avanzó LA RAZÓN, pasó de tener la cuenta en números rojos a figurar en su patrimonio un ático de más de 344.000 euros al materializarse el ERE de la empresa jerezana, que se produjo además siendo él consejero.

De Fernández, dice que debió conocer indiciariamente, según Guerrero, de «la inclusión que éste hacía en los ERE de personas que nunca habían trabajado en las empresas», además de «los importantes reparos que hizo la Intervención General». La juez detalla también las principales ayudas sociolaborales otorgadas a empresas y a algunos ayuntamientos socialistas como Los Palacios y Santiponce e insta a que se investiguen. Pese a que el PSOE se ha opuesto en el Parlamento a investigar las 19.000 pólizas de los ERE «muertos» –ya pagados–, otra de las solicitudes a la Junta es precisamente en torno a «los informes que hubiera realizado sobre ERE que ya no están en vigor».

También quiere despejar el juzgado por qué en el ERE de Hitemasa, en el que, entre otros intrusos figura el propio Juan Lanzas y su mujer, las ayudas se realizaron con cargo a la partida 22.E.4 y no a la 31.L –esta última, la de administración de relaciones laborales, es la habitual del «fondo de reptiles»– y si hay más ayudas «abonadas con cargo a dicha partida». Precisamente, en relación a esta empresa pide «que se informe sobre el destino de los terrenos de Hitemasa, 150.000 metros cuadrados de suelo industrial recalificable».

Es preciso señalar que en el «caso Mercasevilla», la venta ilícita de los terrenos –adjudicados a Sanma pese a pagar 50 millones menos que Noga– abrió otra línea de delitos por los que está imputado el teniente de alcalde de Sevilla. Por otra parte, requiere a la Cámara de Cuentas «toda la documentación que posea» sobre estas ayudas excepcionales. En la relación de imputados, en la que figuran cargos o ex alcaldes socialistas como el de El Pedroso, Rafael Rosendo, destaca la del intruso José Antonio Gómez Romón, que percibió una póliza de 460.742 euros.

Suspende, de momento, la tramitación del recurso de inhibición sobre las actas
Otro de los puntos de discrepancia son las 480 actas de los consejos de gobierno de la última década que pidió la juez Mercedes Alaya a la Junta de Andalucía y que ésta se negó a entregar amparándose en el carácter secreto de las deliberaciones. A lo que sí accedió la Junta es a trasladar certificaciones de acuerdos concretos de las actas, que permanecen custodiadas en los juzgados de Sevilla en un armario acorazado y con vigilancia 24 horas. La disensión dio lugar a que se abrieran los cauces para que fuera el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo el que lo resolviera. No obstante, en un auto del cinco de mayo el juzgado suspende la tramitación del requerimiento de inhibición por conflicto de jurisdicción formulado por la Junta, «por coherencia procesal y con el fin de evitar tramitaciones paralelas», hasta que se resuelvan los recursos de apelación contra los autos del 21 y 30 marzo y del 4 de abril.