Los impagos de ayuntamientos y Junta a autónomos provocan 145000 parados

SEVILLA- La Junta y los ayuntamientos deben a autónomos y microempresas andaluzas en torno a 2.500 millones de euros. De esta cuantía, un 63 por ciento corresponde a las corporaciones locales y el resto –el 37 por ciento– al Gobierno andaluz. Estos impagos han provocado que 50.000 autónomos y 95.000 trabajadores dependientes de éstos hayan acabado en el paro desde que se inició la crisis a finales del año 2007, según los datos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

La Ley de Morosidad establece que las administraciones públicas deben pagar a los 40 días. Una quimera. A nivel nacional la media está en 170 días y en Andalucía ronda los 150. Uno de cada tres autónomos que trabaja para la Administración pública tarda al menos un año en cobrar.

Esta situación provoca la asfixia de un sector clave tanto a nivel nacional como andaluz. La imposibilidad de adelantar las cargas operativas de funcionamiento (nóminas, alquileres o contribución a Hacienda), el pago del IVA, el retraso en el ingreso de ayudas públicas comprometidas y la maraña burocrática abocan a autónomos y microempresas a echar el cierre. Sólo en IVA, los autónomos han pagado en este momento en Andalucía 240 millones de euros que no han cobrado. No son aislados los casos de embargos de la Seguridad Social a empresas que prestan servicios básicos a la Administración y a los que la Junta les debe cantidades millonarias. «Las administraciones se están financiando con los autónomos. Somos autónomos, no bancos», asegura a este periódico el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor. «Igual que se le pueden pedir responsabilidades penales a un empresario, ¿por qué no se le pueden pedir también a los gestores públicos que provocan que haya empresas que tengan que cerrar?», aduce. «La única forma de salir adelante es que las administraciones paguen para que el tejido productivo pueda también pagar y seguir adelante».

Desde la Federación de Trabajadores Autónomos no hablan de que haya facturas ocultas en los cajones de las administraciones, pero sí de «facturas, pagos, que están en trámite administrativo y no se contabilizan» en la deuda global. Es el caso, por ejemplo, de ayudas que aún no han llegado a la fase final de orden de pago. La Junta no se las anota en su debe.

Dentro de los autónomos, en el sector del taxi la crisis y los impagos se suplen a base de horas extra. Estiman que la Junta les adeuda entre 4,5 y 5 millones de euros. Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza del Taxi, asegura a este periódico que la Consejería de Justicia abona los servicios –traslados de agentes judiciales, operaciones de embargos...– en un tiempo medio de 145 días; y la de Salud –traslados de médicos o de pacientes para diálisis– en 155 días. En el gremio hay un aserto: «El hambre pasa por la puerta del taxi pero no entra». La concesión administrativa de las licencias condiciona el abandono. Se suple con jornadas que rondan de media en estos momentos las 14 horas. La hora sale, según estudios del sector, a 5,63 euros. Sacar un taxi de la cochera cuesta entre 30 y 36 euros diarios.
La deuda pendiente de la Junta a los autónomos –925 millones de euros– es una de las más abultadas, pero no la única. La patronal de la obra pública reclama 1.200 millones de euros, la industria farmacéutica y los proveedores de material sanitario reclaman otros 2.400 millones. Sólo la factura de estos tres conceptos suma más de 4.500 millones de euros. Es decir, la mitad que el presupuesto de funcionamiento para todo un año de la Consejería de Salud, la mayor dotada. La factura de deuda global se desconoce. La Junta, de momento, no contempla aún poner en marcha un registro global de sus deudas a proveedores.

Una «hoja de ruta» para un nuevo modelo
Las tres organizaciones más representativas de autónomos (ATA, CEAT y UPTA) apuestan por una «hoja de ruta para solucionar la dramática situación» que vive este colectivo y que harán llegar a los partidos para que recojan sus propuestas en sus respectivos programas electorales. Quieren lanzar un mensaje de unidad del sector ante la «crítica» situación que atraviesan, ya que desde que comenzó la crisis en 2008 se han perdido más de 44.000 trabajadores por cuenta propia en Andalucía. El documento recoge treinta medidas y parte de la base de que el 85 % del empleo estable de Andalucía está en las pymes y en los autónomos, y que son el 85% del tejido empresarial.