Economía estudia otro baremo para revalorizar las pensiones

MADRID- El Gobierno sigue sin arrojar luz sobre la revalorización de las pensiones, un asunto sumamente sensible y que ha cobrado gran importancia en este momento tanto por sus connotaciones políticas como por las económicas. En puertas de sendas elecciones en Galicia y el País Vasco, cualquier anuncio que no vaya en la dirección de su actualización podría tener un importante costo en votos. Económicamente tampoco es una cuestión baladí, pues el cumplimiento del déficit deja poco margen de maniobra si hay que acometer una gran subida. Y el problema es que el indicador de referencia para su actualización, el IPC, no juega en favor del Gobierno. Según el INE, los precios subieron en septiembre un 3,4% en tasa interanual, siete décimas más que en agosto, empujados por el alza del IVA, los medicamentos y los carburantes. Las medicinas subieron un 10,5% por la exclusión de medicamentos del Sistema Nacional de Salud. Los carburantes siguen la tendencia de los últimos meses y se incrementaron un 12,9%.

A la hora de revalorizar las pensiones para compensar la desviación de la inflación, se toma en cuenta el IPC de noviembre. Para entonces, el Gobierno espera que la subida de los precios se haya contenido una vez se haya diluido el efecto del IVA. Pero el Ejecutivo no parece tenerlas todas consigo. Ayer, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, abrió la puerta a la posibilidad de cambiar el indicador de referencia para las pensiones dada la inercia alcista de los precios. «Habrá que decidirlo en noviembre», contestó cuando se le preguntó sobre la posibilidad de utilizar el IPC a impuestos constantes (IPC-IC) para actualizar las pensiones. Este indicador descuenta de la variación de los precios la parte que se debe a las modificaciones en los impuestos que gravan el consumo, como el IVA. Para ello, mide la evolución de los precios bajo el supuesto de que estos impuestos no han variado desde el momento de referencia. En septiembre, el IPC-IC se incrementó un 1,4%.

La diferencia entre usar una u otra referencia es notable. Si se empleara el IPC-IC de septiembre, el coste de actualizar las pensiones y consolidarlas en nómina sería de unos 800 millones de euros, frente a los más de 5.000 millones que costaría ahora mismo con el IPC general.

Pero por muy ventajoso que resulte para sus intereses, el Ejecutivo, sin embargo, no puede cambiar una referencia por otra así como así. La Ley indica que es el IPC general el que se toma como referencia para las pensiones, lo que obligaría a cambios legales. Latorre comentó en este sentido que cualquier decisión tendrá «cobertura legal».
Fuentes del Ministerio de Economía insistieron, tras las palabras de Latorre, en que no hay que presuponer que el IPC a impuestos constantes vaya a ser la referencia e insistieron en que la Ley marca que sea el IPC general.

Una gran diferencia
Si el Gobierno se decantase por el IPC-IC para revalorizar una pensión media de 950,16 euros, la subida sería mucho más modesta que si usase el IPC general. Tomando como referencia el 1,4% del IPC-IC de septiembre, sólo tendría que subir un 0,4% –el otro 1% ya está recogido en los presupuestos–, lo que supondría un alza de 3,8 euros al mes. Con el IPC general, serían 22,8 euros.