El Gobierno no puede garantizar aún la paz aérea en Navidad

El orden ha vuelto al tráfico aéreo pero la indignación de los españoles y del Gobierno con los controladores se mantiene. Y lo que es peor: faltan seis días para que concluya la vigencia del Estado de Alarma, y el Ministerio de Fomento aún no tiene garantías de que quienes abandonaron masivamente las torres de control la víspera del puente de la Inmaculada no vuelvan a repetir el chantaje durante las vacaciones navideñas, en el caso de que José Luis Rodríguez Zapatero decida no prorrogar el decreto. «Ni un día más, ni un día menos», dijo el presidente la semana pasada en el Congreso de los Diputados sobre la vigencia del Estado de Alarma.

La decisión aún no está tomada, y el Gobierno apurará todos los plazos antes de solicitar a la Cámara Baja una prórroga, esto es, hasta mañana por la mañana. Es entonces cuando se reúne la Junta de Portavoces del Parlamento, órgano ante el que habrá que cursar la petición para que ésta sea tramitada y votada en el pleno del próximo jueves.

Sin embargo, La Moncloa no está dispuesta a asumir riesgos innecesarios ante la llegada de las Navidades, unas fechas en las que habitualmente se duplica el número de viajeros tanto nacionales como extranjeros. La indignación, el caos y las pérdidas económicas se redoblarían.

Es más, quienes están al frente del gabinete de crisis que sigue el minuto a minuto del tráfico aéreo desde que el jefe del Ejecutivo decidió hacer uso por primera vez en democracia del artículo 116.2 de la Constitución sostienen que en caso de repetirse la situación, los ciudadanos, esta vez, no distinguirían y «harían responsables tanto a lo controladores como al Gobierno». A los primeros, por mantener su pulso al Estado y al segundo, por no haber puesto los medios para evitarlo.

El caso es que el ministro de Fomento, José Blanco, que se ha convertido en la bestia negra de los controladores, quiere tener la seguridad absoluta de que no se repetirán los sucesos del segundo fin de semana de diciembre. Además, no está dispuesto a ceder. «Lo más cómodo y fácil sería transigir como se ha hecho en otras ocasiones, pero esta vez no será así», aseguran desde el gabinete del ministro.

Quienes abandonaron sus puestos de trabajo el pasado día 3 se enfrentan a responsabilidades administrativas, civiles y penales y, sin embargo, según ha detectado el Ministerio de Fomento, parece que estarían dispuestos a reeditar el caótico Puente de la Inmaculada, si el Gobierno levanta el Estado de Alarma, un escenario que en principio querían evitar desde la filas socialistas. Y es que, siempre según los mismos interlocutores, los cabecillas de la cúpula sindical utilizan un doble lenguaje: «El de la conciliación y el arrepentimiento delante de las cámaras de televisión y el más belicoso y agresivo con sus compañeros para convencerles de seguir adelante con su desafío y reventar las vacaciones de Navidad».

Mientras, en el Partido Socialista no ocultan su temor a una posible prórroga del decreto de Alarma. Se barruntan que un instrumento jurídico que contó con el aplauso unánime de la opinión pública pueda convertirse en el principio de la historia de un fracaso, pero también que la oposición utilice políticamente contra el Gobierno la imagen de un Congreso dividido ante la votación de la prórroga, ya que de momento sólo PNV y CiU han anunciado que respaldarían la decisión de Zapatero.

Se prorrogue o no el decreto de Alarma, lo cierto es que los responsables de todo esto no quedarán sin castigo. Da fe de ello José Blanco, quien, a sabiendas de que la batalla le puede dejar malherido, está dispuesto a evitar que los controladores vuelvan a doblar el pulso al Estado de Derecho. Así lo expondrá mañana ante la Comisión de Fomento, donde acudirá a dar cuenta de los decretos aprobados por su Ministerio para ampliar la jornada de trabajo de los controladores y reducir algunos de sus privilegios. Si algo dejará claro mañana el ministro es que el «daño y el abuso» no quedarán impunes, y que en lo que compete a los expedientes sancionadores abiertos por AENA estos tienen que estar resueltos en un plazo máximo de dos meses, quizá a mediados de enero. Y que nadie tenga la menor duda, advierten desde el Gobierno: en algunos casos la sanción será el despido.

Los planes de Blanco
Blanco detallará los cambios normativos producidos entre el decreto del 5 de febrero y el del 3 de diciembre, que llevó a los 440 controladores a abandonar su puesto de trabajo, y dará detalles del relato de estos diez meses de continuas disputas entre los controladores y AENA. Además de todo esto, el ministro tendrá que desvelar qué medidas tomará para garantizar la continuidad del tráfico aéreo a partir de ahora, ya que el Estado de Alarma no puede mantenerse sine die.


La postura de los grupos
- CiU. La formación catalana ha mostrado su disposición a apoyar al Gobierno en caso de que éste decida prorrogar el Estado de Alarma.
- PNV. Los nacionalistas vascos también se muestran favorables a respaldar al Ejecutivo si este apuesta por mantener la situación actual.
- Partido Popular. El principal partido de la oposición sólo apoyaría la decisión del Ejecutivo en caso de que éste ofreciera argumentos sólidos sobre la necesidad de una prórroga.
- Izquierda Unida. La coalición de izquierdas ya se ha decantado por rechazar el mantenimiento de la Alarma y la militarización de los controladores por más tiempo.