Consejo de Ministros

El PP recurre la ley que crea listas negras de los profesionales sanitarios

El PP ha solicitado al Consitucional la suspensión cautelar de la Ley foral.

Santiago Cervera
Santiago Cerveralarazon

El PP, mediante la firma de más de cincuenta diputados populares del Congreso de los Diputados, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley foral por la que se crea un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, al entender que "no es compatible con la Constitución que una ley establezca restricciones al ejercicio de un derecho fundamental".

El presidente del Partido Popular en Navarra, Santiago Cervera, ha defendido que la norma "supone una restricción fundamental al derecho básico de los profesionales sanitarios de ejercer su libertad de conciencia y de ideología, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución".

Esta ley, presentada por el PSN y apoyada por NaBai e IUN, fue aprobada por el Parlamento de Navarra en octubre del pasado año. Según indica Cervera, la norma se tramitó por "un procedimiento políticamente anómalo, de lectura única". Por ello, los populares han solicitado que el recurso se tramite por el Tribunal Constitucional por "vía preferente"y han pedido la suspensión cautelar de la ley foral.

En defensa de
las libertades
Cervera considera que esta ley "restringe un derecho fundamental", por lo que este recurso "supone la defensa de las libertades de los profesionales y también de todos los ciudadanos". "No podemos admitir que se regule de manera restrictiva el ejercicio de un derecho fundamental", ha añadido. Además, ha defendido que la norma hace "desiguales"a los sanitarios navarros y "de peor condición que el resto de profesionales del país, puesto que se les impone, a través de una ley, una restricción al ejercicio de un derecho fundamental".

Por otro lado, Cervera ha destacado que al PPN "le hubiera gustado ver al Gobierno de Navarra al lado del Partido Popular, defendiendo también ante el Tribunal Constitucional la legalidad y las libertades en la Comunidad foral". "El Ejecutivo foral tiene también habilitación legal suficiente como para haber podido recurrir esta ley foral. No lo ha hecho y no ha anunciado que lo vaya a hacer", ha criticado.