Responsabilidad

De lo poco positivo que ha traído la crisis, se puede destacar el debate que sobre el gasto público y la racionalización de las administraciones públicas se ha abierto. También el hecho histórico de convertir el gasto público no en una opción política, debiendo estar determinado su límite, y ello ya no por vocación policía, sino por imposición constitucional. No enfrentamos a los cuatro jinetes de la apocalipsis económica, baja recaudación, poca actividad economía, fuerte desempleo y como consecuencia de todo ello, la recesión. En esta situación, el gasto público es un instrumento esencial, y como consecuencia de ello la contención y sobre todo la responsabilidad de los gestores públicos se impone; hasta ahora se salvaguardaba la gestión del gasto público a través del control de la corrupción y nada más; corrupción que moralmente radicaba en acciones como la aceptación de dinero, recompensas o regalos por el otorgamiento o adjudicación de contratos, distracción de recursos públicos para uso privado, establecimiento de sobreprecios en la ejecución de proyectos, fraudes tributarios, etc. Pero esto no es suficiente, hace falta algo más, hay que establecer otros estándares de responsabilidad, no sólo política, exigible cada elección, sino administrativa y penal. El gasto público se ha convertido en una de las políticas más esenciales de un gobierno, y el despilfarro y su uso irresponsable, también deben ser perseguidos, como mínimo mediante el cuestionamiento público ante la sociedad a través de la trasparencia y el control social, pero hoy en día no se puede esperar al escrutinio electoral para depurar responsabilidades, ya es muy tarde. Se deben implantar controles democráticos permanentes sobre el gasto público, y para ello hacen falta instituciones permanentes, profesionales e independientes. La deuda pública es una amenaza para el crecimiento económico y la prosperidad, y esta generación de deuda tiene responsables, y de alguna manera esta responsabilidad debe ser declarada. Los responsables políticos que llevan a su país a este tipo de situaciones no son malversadores, ni aceptan sobornos, pero también tienen su grado de responsabilidad, debiéndose elevar los mismos éticos, a la categoría de norma sancionadora y por qué no, reservando al ámbito penal las conductas más graves. La cuestión es que al administrado o gestor privado se le condena cuando por ejemplo, falsea las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico, se les condenan cuando aprovechándose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o en el órgano de administración de una sociedad impongan acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma. También se les condena cuando en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, se puede calificar un concurso de acreedores incluso penalmente, y la pregunta es porque no se le puede exigir igual estándar de responsabilidad a los gestores públicos. A mí no me corresponde valorar políticamente este tipo de iniciativa, pero no me deja de sorprender que pueda repugnar a un servidor publico, que es lo que es un responsable político, una elevación de los parámetros de responsabilidad, eso sí, dejando la penal para los casos más graves, pero es que entre la nada y el código penal, hay también muchas otras posibilidades. Ni cabe duda de que cuando el gasto es productivo esta responsabilidad debe desaparecer, pero cuando el gasto es suntuario e inadecuado, en suma irresponsable, debe dar lugar algún tipo de cauce para exigir la declaración de responsabilidad, ya no vale eso de que las elecciones lo purifican todo. España es un país con más aeropuertos que Alemania, tiene más universidades que cualquier otro país de la Unión Europea. Y por cierto ninguna colocada entre las cien mejores del mundo, es el país con mas televisiones públicas, tenemos infinidad de festejos populares financiados con fondos públicos. Se subvenciona todo, hasta el ocio, ayuntamientos propietarios de clubes de futbol, financiación de espectáculos deportivos, festivales y conciertos, corridas de toros, el cine... Es muy larga la lista de ejemplos que pueden ponerse, y con esto hay que acabar. Obviamente quien se conduce por estos derroteros, tiene que tener algún tipo de responsabilidad y esto no debería preocupar a nadie. Ha llegado el momento de poder evaluar a los gestores públicos, y no sólo cada cuatro años. Los jueces contraemos responsabilidad penal tanto cuando aplicamos la ley de forma injusta a sabiendas, como cuando erramos por ignorancia inexcusable, o actuamos con gran irresponsabilidad, y esto no genera ningún tipo de discusión. Ya no vale sólo con no ser un corrupto, se debe hacer algo más, y tender a la excelencia, también el ámbito de la gestión publica.