Las virtudes de un decreto

La política energética en nuestro país está sometida a unos desequilibrios de compleja corrección que requieren esfuerzos inevitables. La consecuencia más espinosa de este sistema es el desajuste entre ingresos regulados y costes, conocido como déficit de tarifa. O lo que es igual, la diferencia entre lo que se paga por la energía consumida y su valor real. Esa bolsa de endeudamiento cargado a las compañías eléctricas es de más de 17.600 millones de euros y el Gobierno tiene el compromiso de que desaparezca en 2013.

El Ministerio de Industria se ha enfrentado al delicado reto de equilibrar en lo posible el conflicto de intereses legítimos entre consumidores y compañías. No es un asunto sencillo, porque todos tienen razones consistentes para defender sus posiciones, pero la obligación del Gobierno es preservar el interés general. El ministro Miguel Sebastián sacó adelante en diciembre un real decreto de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario, con el objetivo de que todos los agentes contribuyeran a la reducción del desajuste tarifario y que no todo el peso recayera en los consumidores. La norma evita subidas en la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, inasumibles para los hogares y la competitividad de las empresas, y pone las bases para que no se produzcan incrementos importantes.

Las líneas maestras de la reforma incluyen el establecimiento de un peaje a las generadoras de electricidad, el recorte de las horas que las plantas fotovoltaicas se benefician de las primas; que las compañías eléctricas asuman los planes de ahorro y eficiencia energética, y la ampliación en un año del bono social –que exime de subidas en el precio de la luz a colectivos desfavorecidos y que sufragan las compañías– hasta 2013. Con todo ello, se pretende ahorrar 4.600 millones en tres años, 1.660 millones de ellos en 2011, que deberían servir para contener subidas posteriores en la tarifa.

El decreto, aunque, sin duda, se ha topado con resistencias, sobre todo en el sector de las fotovoltaicas, contiene virtudes innegables y atiende a las prioridades de la coyuntura actual. Primero, porque supone un importante ajuste de los costes regulados, que reducirá la presión sobre el déficit de tarifa, y evitará subidas superiores en el recibo de la luz. Segundo, porque las medidas correctoras adoptadas permiten reducir significativamente el esfuerzo que han de hacer los consumidores. Tercero, porque se ajustan los límites de déficit para adaptarlos a las actuales circunstancias de crisis, pero se mantiene el objetivo de acabar con el mismo en 2013. Y cuarto, porque se ajusta la regulación de la energía fotovoltaica, de manera que se avanza hacia un marco retributivo sostenible para estas energías.

El ministro ha actuado con un criterio conforme al interés general y ha manejado de forma adecuada las alternativas de que disponía para corregir desigualdades y lograr un resultado positivo para el país. Ahora sólo cabe esperar que el Parlamento convalide el decreto para evitar distorsiones contraproducentes.