Castilla y León reprocha los bandazos impositivos del Gobierno socialista

Valladolid- Malestar, una vez más, por la subida de impuestos que ya barrunta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre la ciudadanía, pero también entre la clase política. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguraba ayer que el «nuevo globo sonda», como calificó el anuncio del vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, de subir otra vez los impuestos, como «la peor noticia para la economía española y para las familias de Castilla y León».
El portavoz recordó que el anuncio se produce a mitad de agosto, tal como ocurrió en 2009, cuando Blanco también avanzó subidas en los tributos al ahorro, el IVA y el IRPF y posteriormente, se cumplieron, por lo que mostró su preocupación ante un nuevo incremento impositivo, en esta ocasión justificado por el Ejecutivo socialista en la equiparación de tributos con el entorno europeo. A esta previsión se refirió como «un giro, un bandazo más, otra ocurrencia».
Al respecto, manifestó que el Gobierno debería ocuparse más de lo que preocupa a los ciudadanos, que es salir de la crisis, que de «sus primarias» en la Comunidad de Madrid.
Menos habitante, más extensión
En otro orden de cosas, aunque en alusión también al ministro de Fomento, José Blanco, De Santiago-Juárez, se preguntó «qué pasa con las infraestructuras de Castilla y León», comunidad autónoma a la que se refirió como una de las cuatro más perjudicadas.
Ahora bien, las cuatro obras «indultadas» por el Ministerio, por valor de 500 millones de euros, se encuentran en regiones vinculadas con el PSOE, como son Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cantabria. En este sentido, rechazó el anuncio del líder de la oposición en Castilla y León, Óscar López, quien dijo que habrá «buenas noticias» que se referirán a paliar el «excesivo recorte» en infraestructuras acometido en la Comunidad con el propósito de avanzar en la rebaja del déficit.
De Santiago-Juárez se remitió al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que apunta a que las inversiones en infraestructuras deben desplegarse conforme a la extensión territorial, más que por el número de habitantes.