Bruselas aprueba la orden de protección de víctimas de género

La Eurocámara aprobó ayer un texto consensuado con la presidencia belga de la UE y que, a priori, aparecía más digerible que la propuesta inicial planteada en su momento, y que han negociado por parte de la cámara las españolas Teresa Jiménez de Becerril (PP) y Carmen Romero (PSOE).

Con el acuerdo alcanzado, se homologará la protección de las víctimas de violencia, acoso u homofobia, que podrán beneficiarse en todo el territorio europeo de las medidas adoptadas en su país, por ejemplo, una orden de alejamiento. Esta protección se extenderá también a los niños y otras personas que sufran el riesgo de esta amenaza.

Duro trámite
El Estado miembro en el que la víctima esté protegida sería el encargado de emitir la correspondiente orden y enviarla al país en el que resida. Debido a que este tipo de órdenes las tramitan tres tipos de autoridades (penal, civil o administrativa), los Estados que reciban la orden tendrán «un margen discrecional para adoptar cualquier medida que estime oportuna y adecuada con arreglo a su Derecho nacional en un asunto similar para mantener la protección» de la víctima.

Este ha sido el principal punto de choque con la vicepresidenta Reding, quien llegó a calificar de «chapuza» la propuesta española por mezclar diferentes áreas del Derecho.
Ante estas reticencias, Romero defendió ayer durante el debate que aunque no todos los países tienen las mismas tradiciones jurídicas, «el Derecho no es un instrumento para crear conflictos, sino para resolverlos». «Estamos hablando de terrorismo privado», dijo Romero, al recordar que cada año mueren 2.500 mujeres en la UE víctimas de esta violencia.

Esfuerzo necesario
Ahora depende de los ministros de Justicia. La popular Jiménez de Becerril pidió «un esfuerzo» al Consejo para que saque la euro orden adelante, aunque el grupo de los países que está en contra aumenta, al que se ha sumado también Holanda.

Hungría, que preside la UE a partir del 1 de enero, también se opone. Durante el debate, Reding indicó que tendrá en cuenta la posición de la Eurocámara cuando elabore su propuesta legislativa, intentando eclipsar el paso legislativo de la Eurocámara.

La UE dio también ayer un paso importante al endurecer el radio de acción de la ley: se aprobó la imposición de penas de hasta diez años, en los casos más graves, para aquellos que traten con seres humanos, incluyendo los relacionados con fines sexuales (un 43 por ciento de las víctimas).

Las nuevas normas, que los Estados miembros deberán transponer antes de dos años, otorgan a las víctimas prestaciones como alojamiento, asistencia material y médica y representación legal gratuita, en caso de que fuera necesario. Además, deberán garantizar protección «antes, durante y por un periodo de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal».