SEVILLA- La juez Mercedes Alaya no da un paso atrás. Considera que las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía son necesarias para su investigación y en un auto con fecha de 30 de marzo y comunicado ayer a las partes exige de nuevo su entrega. Asegura la instructora que «ni son reservadas ni son secretas» porque no ha solicitado las deliberaciones y votaciones, sino únicamente «las actas con los acuerdos». Cita el artículo 332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en su artículo 1 apunta que «las dependencias del Estado (...) no podrán negarse a expedir certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales».

En el auto expone para qué quiere las actas. Considera que los informes de la Intervención General «no han podido ser más expresivos». En ellos se advertía de que se estaban tramitando subvenciones «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y que ello se ha puesto de manifiesto «de manera incesante al consejero de Economía (era José Antonio Griñán), a IDEA y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa». Pone un ejemplo: si sus recomendaciones se hubieran implantado, Mercasevilla, después de aprobar un ERE en 2003, no hubiera provocado «intencionadamente o por absoluta de falta de control» un segundo en 2007 «con su respectivo plan de prejubilación financiado por la Junta». Por ello, su juzgado investiga «si el procedimiento utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención, puede constituir un delito de prevaricación».

La titular del juzgado número 6 de Sevilla critica la actitud de la Junta por calificar su petición de «indiscriminada» y argumenta que «es fácilmente comprensible para cualquiera que si esta instructora conociera qué actas son relevantes para la investigación sólo pediría esas, pues ningún interés tiene esta titular con la sobrecarga que pesa sobre este juzgado de examinar más documentación de la necesaria». Y va más allá: «Resulta paradójico que durante 10 años la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extraña que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello».

Aún así, le ofrece más argumentos al Gobierno andaluz. Fija su solicitud desde 2001 porque el 17 de julio de ese año se firmó el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA –el ente autónomo luego convertido en la Agencia IDEA– por el que se otorgaban las ayudas a los ERE. Quiere conocer si contó con el «amparo» del Consejo de Gobierno y si la Intervención o la Cámara de Cuentas manifestaron algún reparo. En los años sucesivos, el órgano fiscalizador detectó desfases presupuestarios en el IFA, y Alaya quiere conocer si se adoptó algún acuerdo en la reunión semanal del Ejecutivo andaluz. Además, el 31 de diciembre de 2003 expiró el convenio «sin pactarse prórroga»: ¿Qué hizo entonces –si acordó algo– el Consejo de Gobierno?.

Desde 2005, con carácter anual y hasta hoy, la Intervención siguió elevando informes (referidos a los años comprendidos entre 2002 y 2008) reiterando sus argumentos. El procedimiento no se cambió.

Los puntos esenciales
1.- Aclara para qué quiere las actas
n La juez investiga un posible delito de prevaricación y quiere conocer hasta donde llegaba el «indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias». Desea certificar si en el Consejo de Gobierno se aprobó el convenio con el IFA o se trataron los reparos de la Intervención.
2.- Reprocha al Ejecutivo su actitud
- Asegura que se enteró de la negativa del Ejecutivo a entregar sus actas «por los medios de comunicación» y le reprocha que se persone en la causa como «perjudicada» y no colabore con los datos que se le solicitan. Señala que no es «legítimo por constituir un abuso de derecho».
3.- Cita a la junta el lunes
- La instructora quiere saber si le van a entregar las actas o, como advirtió la portavoz del Gobierno, Mar Moreno, presentarán un conflicto de competencias ante la sala competente del Supremo. La Junta dijo ayer que estudiará el auto pero cree que Alaya «acota» su petición.