Sanciones por supuesto por José Antonio Vera

La oposición socialista, nacionalista y comunista se puso ayer de los nervios ante el anuncio, por parte del ministro Montoro, de que en la futura Ley de Transparencia se van a exigir responsabilidades a los gestores públicos que incurran en desviaciones presupuestarias exageradas, gasten más de lo que tienen o dejen agujeros negros en las arcas de sus administraciones. El ocurrente Llamazares incluso se permitió la gracia de frivolizar con el «todos a la cárcel» tras defender el día anterior la impunidad de Garzón. Otros descalificaron la iniciativa pidiendo que las cosas sigan como están.

Ciertamente habrá que esperar a la futura Ley de Transparencia para ver hasta dónde llegan las responsabilidades de los cargos públicos desde el punto de vista administrativo y/o penal. Montoro habló inicialmente de «responsabilidad penal», pero eso es algo que deberá analizar detenidamente el legislador con sus asesores cara a decidir el alcance del procedimiento que en su caso se emprenda. Lo que está claro, en cualquier caso, es que la iniciativa es procedente. No puede ser que los políticos se instalen en los cargos, gasten lo que quieran sin mirar y luego se marchen tan tranquilos a casa sin importar lo que hicieron. El escándalo de las facturas amontonadas en los cajones y las deudas sin pagar durante años es algo que no se puede ni se debe repetir si queremos que este país funcione con seriedad. Los políticos han de moverse dentro de unos márgenes razonables, pero en ningún caso saltarse el presupuesto a conveniencia, salvo que esté justificado por causa de catástrofe o situación excepcional.

En muchos países europeos hay regulado un sistema de sanciones que puede llegar hasta la inhabilitación en el cargo, según sea el desequilibrio generado, la negligencia o la reincidencia. Lo mismo deberíamos tener aquí, por mucho que ello moleste a los Llamazares habituales.