El Gobierno negocia desde hace semanas con los bancos el plan antidesahucios

MADRID- La «urgencia» en la respuesta a la preocupación social por las consecuencias de los desahucios se traducirá hoy en un primer gesto por parte del Gobierno. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reúne con la número dos del PSOE, Elena Valenciano, y a la mesa llevará las primeras propuestas después de que ayer volviera a reunirse la comisión «ad hoc» que el Gobierno ha creado para revisar la aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, así como la normativa vigente.

También ayer por la tarde Sáenz de Santamaría se reunió con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien le trasladó las recomendaciones de su institución para que «se proteja a un mayor número de deudores hipotecarios». A su juicio, esto podría requerir una reforma del Real Decreto de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos y de otras leyes, como la de Enjuiciamiento Civil y la Hipotecaria.

La Defensora del Pueblo también defendió que se regule un procedimiento para declarar insolvente a las familias, con plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible. Y que se establezca antes del desahucio un acto previo de conciliación entre el banco y el deudor, en el que el juez tenga la facultad de imponer un acuerdo razonable.

Además de estos contactos, el Gobierno viene negociando de manera discreta con las entidades financieras desde finales de octubre. Uno de los resortes más decisivos para promover la revisión de la situación actual fue la noticia del suicidio de un hombre en Granada antes de ser desahuciado. El problema es complejo porque hay entidades financieras que se resisten a algunas de las propuestas que han barajado desde el equipo económico del Ejecutivo.

Los bancos recelan también de algunas medidas para mejorar la transparencia, como, por ejemplo, la publicación del listado de desahucios que cada uno de ellos ha promovido. El informe semestral de la comisión evaluadora del Código de Buenas Prácticas debe ser público, pero no baja a tal detalle. Desde las entidades financieras plantean que el problema actual es más social que hipotecario, y que el sistema funciona bien si no fuera porque hay una crisis económica excepcional que está colocando en situación extrema a la economía de algunas familias. Dicen también que la dación en pago no es solución para el problema que hay que resolver porque implica que el banco anula la deuda, pero se queda con la vivienda. «Lo que hace falta en estos momentos es una solución para las familias que se quedan sin casa porque no pueden pagarla», precisan fuentes financieras.

Ésa es precisamente la línea roja que se ha marcado el Gobierno: encontrar una solución inmediata para que ninguna familia en paro y con problemas económicos por la crisis se quede en la calle porque no puede hacer frente a su deuda hipotecaria.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció ayer en la Cope que el Código de Buenas Prácticas que se hizo en su día «no ha funcionado como debería» y que su intención es adoptar «nuevas medidas» que ayuden a combatir este «drama». «Una de las caras más gráficas de la crisis», precisó. Rajoy confirmó también su deseo de pactar este nuevo plan con el resto de partidos políticos, especialmente con el PSOE. Por ello ha contactado personalmente con el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.