Déficit cero para las autonomías y sanciones para las que lo incumplan

Con la norma España "ha tomado la delantera"en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la Unión Europea (UE), ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la ha calificado como una "reforma estructural de primer orden"adoptada "en un plazo muy reducido".

Esta será una de las bazas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentará ante sus colegas comunitarios en su primer Consejo Europeo, que se celebra el 30 de enero.
El anteproyecto destaca que la sanciones impuestas a España por la Unión Europea (UE) en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

Así, en el caso de que una administración incumpla el plan económico-financiero esta deberá constituir un depósito retribuido del 0,2 % de sus PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

A los nueve meses, Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración incumplidora.

"La visita no es amable", ha admitido por su parte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a la delegación que podrá enviar Hacienda.

El formato sería similar a las troikas que se envían a los países del euro incumplidores para "poner los deberes, trabajar en paralelo y acometer los ajustes correspondientes", ha dicho el ministro.

Sobre las sanciones, ha afirmado que la ley se hace precisamente "para que España no tenga sanciones", pero en el supuesto de que las haya "la intención es que el responsable se haga cargo con consecuencias políticas y económicas". Por ello, ha pedido "aceptarlo con la naturalidad del sistema que aceptamos como propio en la UE".

Todo ello, según ha recalcado, con un "cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades autónomas y entes locales".

Sáenz de Santamaría, ha explicado que "esta misma tarde"se va a remitir el anteproyecto a los portavoces del PSOE -con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley- y del resto de los grupos políticos que deberán votarla en el Parlamento.

Se hará en paralelo a la preceptiva remisión al Consejo de Estado, que deberá dar una opinión sobre el texto.

De este modo se busca ampliar al plano político el acuerdo territorial que se ha conseguido con comunidades autónomas y entes locales, que han aceptado que aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a sanciones si incumplen los objetivos marcados.

El ministro Montoro ha recordado que se da traslado a la legislación española de la normativa europea en materia de sanciones y de inspecciones a las administraciones incumplidoras de los planes económico-financieros.

Además, el gasto no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB y ha añadido que se da prioridad al pago de los intereses y del capital de la deuda pública para dar seguridad a los inversores.

Todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural (del 0,4 %), salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020, tal y como ha explicado también hoy en Davos el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea (CE) los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4 % para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.

En paralelo la ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten.
Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.

De Guindos
Paralelamente, en un encuentro con medios de comunicación españoles en el Foro Económico Mundial, de Guindos dijo que "el compromiso de este gobierno con la estabilidad presupuestaria es absoluto".

La regulación en España será más estricta para las comunidades autónomas que la que impone la Unión Europea (UE) en disciplina presupuestaria.

"Lo que se apruebe hoy en el Consejo de Ministros va más allá de lo que se pide a nivel comunitario", dijo de Guindos poco antes de que concluyera dicho Consejo.

El objetivo del Gobierno español a día de hoy es un déficit presupuestario del 4,4 % para 2012 y del 3 % para el 2013, según de Guindos.

El ministro español de Economía señaló que "hemos encontrado una desviación de 2 puntos del déficit presupuestario y que lo hemos intentado corregir", por lo que ahora "vamos a esperar".

De Guindos consideró que "la cumbre europea del 30 de enero es una cumbre del crecimiento y del empleo"y eso es un cambio importante que no hubiera ocurrido hace un mes.

El ministro de Economía y Competitividad afirmó que los mercados creen que se ha producido un cambio en Italia y España, como refleja la caída de los diferenciales de la deuda soberana respecto a la alemana.

"Si no perciben consolidación fiscal, tienes un problema", dijo De Guindos.

El ministro de Economía español añadió que "no ha habido un país con mayor estímulo fiscal y con una mayor bofetada en el mercado laboral"que España, para defender las políticas de austeridad presupuestaria.

De Guindos afirmó que la reforma del sistema bancario español que va a sacar el Gobierno será un éxito si "se produce un proceso de consolidación, fusiones y mejora del gobierno corporativo".

El ministro reconoció que la inyección de liquidez que acometió el Banco Central Europeo (BCE) a finales de diciembre con un vencimiento a tres años ha reducido las presiones sobre los vencimientos de la deuda que tienen las cajas de ahorro.

De Guindos dijo que la reforma del sistema bancario y laboral se va a anunciar antes del próximo 15 de febrero y descartó que España vaya a necesitar asistencia financiera, algo en lo que también coincide el Fondo Monetario Internacional (FMI).