Los padres de Marta del Castillo piden que se interne al «Cuco» por inclumplir el alejamiento

En un escrito de dos folios presentado el pasado día 3 de diciembre ante el Juzgado de Menores número 3 de la capital hispalense, la representación jurídica de los padres entiende que "parece evidente que se ha producido un quebranto de la medida cautelar acordada mediante auto de 28 de noviembre de 2009", consistente "en la convivencia con grupo educativo y la prohibición de aproximarse a menos de 50 kilómetros de la familia nuclear de la víctima".

Por este motivo, el letrado solicita al juez que modifique dicha medida y la sustituya por la internamiento en un centro de régimen cerrado, así como la ampliación de la prohibición de aproximarse a la familia de Marta de 50 a 300 kilómetros, "evitando así en el futuro que puedan producirse quebrantamientos como el acaecido y del que da cumplida cuenta"la circular 1/2000 de la Fiscalía General del Estado.

Así, y según explica, esta circular establece que "el juez, por supuesto, podrá en cualquier momento alzar la medida si entiende que han cesado los supuestos que la justificaban sin previa solicitud de parte, o la podrá sustituir por vigilancia o convivencia dada la condición menos restrictiva de la libertad del menor que estas medidas imponen". Así, los padres entienden que, "'sensu' contrario y atendiendo a los hechos ocurridos, el juez de Menores podrá sustituir la medida adoptada por otra más restrictiva de la libertad del menor".

De igual modo, los padres solicitan que se deduzca testimonio contra los padres del 'Cuco' al entender que también han incurrido en un delito de quebrantamiento de medida cautelar "como cooperadores necesarios en el desplazamiento en coche que se llevó a cabo y que supuso situarse a menos de 50 kilómetros de la familia"de la víctima.

Conviene recordar que la Fiscalía ya ordenó deducir testimonio contra la madre del menor de 16 años de edad, que conducía el turismo, y contra una tercera persona que también viajaba en el vehículo, que fue interceptado en la AP-4 que une las provincias de Sevilla y Cádiz, a 26 kilómetros de la provincia hispalense, cuando sobre el menor de edad pesa una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta o de su lugar de residencia.

En este sentido, fuentes judiciales ya informaron de que la Fiscalía de Menores abrió diligencias contra el 'Cuco' por quebrantar supuestamente la orden de alejamiento, aunque decidió no adoptar medidas cautelares y, simplemente, ordenar el inmediato reingreso del niño en el piso tutelado donde permanece ingresado a la espera del juicio que se iniciará el próximo día 24 de enero, todo ello tras permanecer además nueve meses en un centro cerrado.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 11,30 horas del pasado día 14 de noviembre, cuando, tras conseguir ese día un permiso para abandonar el piso tutelado, el menor se dirigía junto a varios familiares en un vehículo a una fiesta de cumpleaños, momento en el que el coche fue interceptado en un control "rutinario"llevado a cabo por la Policía Nacional en la citada carretera, tras lo que los padres alegaron que "se habían equivocado de carretera".

El 'Cuco' se encuentra en un piso tutelado después de haber estado internado nueve meses en un centro cerrado a la espera del juicio, que tendrá lugar en el Juzgado de Menores número 1 tras haberse inhibido el número 3. La Fiscalía de Menores solicita para el imputado una condena de seis años de internamiento en un centro cerrado, seguido de tres años de libertad vigilada, por un presunto delito de asesinato; dos de agresión sexual --uno como autor directo
y otro por facilitar la agresión sexual perpetrada por Miguel Carcaño--, y uno contra la integridad moral por el daño causado a los padres al no desvelar el paradero del cuerpo.

De igual modo, la Fiscalía ha interesado que el 'Cuco' indemnice al Ministerio del Interior en la cantidad de 616.319,27 euros, importe en el que cifra las labores de búsqueda del cuerpo de la menor tanto en el río Guadalquivir como en el vertedero de Alcalá de Guadaíra y en la localidad de Camas. Conviene recordar que, en el caso de los cuatro imputados mayores de edad, el Ministerio Público también solicitó que indemnizaran solidariamente al Ministerio del Interior en la misma cantidad.