Herrera da la cara por la minería y defiende las ayudas en Bruselas

BRUSELAS- El sector minero de Castilla y León está en juego. Por este motivo, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se trasladó a Bruselas (Bélgica) para defender ante la Europa de la Unión (UE) un sector rentable. Un reivindicativo jefe del Ejecutivo autonómico realizó diversas reuniones con comisarios europeos para defender los intereses de nuestra Comunidad. La primera parada fue con el Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ante el que defendió que las empresas mineras que demuestren que son rentables en 2018 no tengan que devolver las ayudas públicas que hayan recibido, tal y como exige la UE.

El jefe del Ejecutivo autonómico calificó de «auténtico absurdo» y de «contradicción» que las minas de carbón que hayan «hecho un esfuerzo» y demuestren ser rentables por sí mismas, tengan que verse obligadas a cerrar o devolver el dinero percibido a lo largo de los años.
En este sentido, añadió que «lo que queremos es que cambie el hecho de que si con las ayudas públicas, la explotación minera adquiere en 2018 un horizonte de rentabilidad y por tanto puede seguir funcionando sin fondos, que no se le obligue a devolver el dinero que ha percibido».
Herrera también exigió a Almunia que se de a las subvenciones mineras el mismo trato que a cualquier otra «inversión empresarial», en la que las ayudas «alcanzan su justificación si al final del periodo son rentables».

El presidente de Castilla y León señaló que el comisario europeo no se pronunció al respecto, aunque «nos ha reiterado que la decisión de la UE de acabar con las ayudas a la minería es 2018».

Objetivo de déficit
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico trasladó a Joaquín Almunia el compromiso de las Comunidades Autónomas con los objetivos de déficit y explicó que el desvió el pasado año en las Cuentas de España «no se deben a abusos de gasto» de las autonomías.
Al respecto, justificó que las regiones tienen competencias «tan complicadas» como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, cuyo gasto se ha venido deteriorando debido a la prolongada crisis económica.

Asimismo, indicó que «las dos recesiones en España y la consiguiente caída de los ingresos públicos han determinado un auténtico agujero en la financiación de determinadas competencias que con básicas».

Herrera quiso dejar claro que el desvío de más de dos puntos en los objetivos de déficit «no se debe a abusos o extralimitaciones de gasto por parte de las autonomías», informa Ical.
Además, el presidente de la Junta informó al comisario europeo la posición de la Administración regional sobre la revisión de las Directivas de Ayudas Regionales. Al respecto, solicitó modificar el texto que ha propuesto la Comisión para que se establezcan los criterios de comparación de los datos autonómicos que se refieren al Producto Interior Bruto per cápita y a la tasa de desempleo con cifras medias de la Unión Europea en lugar de equipararlo a las referencias de cada estado miembro. También pidió actualizar los datos que sirven para establecer los indicadores puesto que el Gobierno regional utiliza cifras del año 2008.

Control del lobo
Para analizar la situación del lobo en Castilla y León, Herrera mantuvo un encuentro con el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, para acordar que nuestra Comunidad estudiará con los servicios jurídicos de la Comisión Europea cómo controlar el lobo en el sur del Duero sin recurrir a la caza.

El presidente de la Junta pidió que se unifique el estatus jurídico del que goza este animal para que se pueda cazar a ambos lados del Duero para paliar los efectos que sus ataques tiene sobre la ganadería. Sin embargo, las instituciones europeas «no está dispuesta a modificar la directiva europea de Hábitat», un paso imprescindible para levantar la protección total que tiene el lobo en los territorios del sur, dado que es un proceso «farragoso», como reconoció el propio Herrera, que estuvo acompañado por los consejeros Antonio Silván y Tomás Villanueva.

Por último, el jefe del Ejecutivo autonómico avanzó que trabajará con la Comisión Europea en un Plan Regional para salvar el cierre de las minas a cielo abierto del Alto Sil y Babia, que provocaría consecuencias sociales «absolutamente irrepetibles» con la pérdida de 2.000 empleos directos.