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Entrevista al Presidente del Tribunal Constitucional

Pascual Sala: «Bildu puede ser ilegalizada en cualquier momento»

«Todas las fuerzas políticas deben pedir la disolución de ETA y nadie puede mirar a otro lado» . «Quiero pensar que no está en riesgo la unidad de España»

  • Pascual Sala
    Pascual Sala

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29 de octubre de 2012. 00:12h

Comentada
29/10/2012

MADRID- ¿En qué situación se encuentra  hoy día el Tribunal Constitucional?
–Había tenido un gran retraso como consecuencia de la sentencia del Estatut de Cataluña, con recusaciones improcedentes durante la tramitación. Pero a partir de 2011, hemos intentado limitar este retraso y los asuntos de Pleno han bajado sustancialmente.  A 31 de diciembre de este año, estarán al día los asuntos de Pleno, al menos hasta 2010, porque los de materia de amparo ya  lo están.
–¿Cree que hay un abuso a la hora de acudir al TC?
–La litigiosidad tanto en la Justicia ordinaria como en la constitucionalidad es muy alta. Hay un buen número de recursos que hacen, en ocasiones, que el TC parezca una tercera cámara. Pero eso es inevitable si no se modifican restrictivamente las condiciones de legitimación para interponer estos procesos.
–¿Confía usted en que la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo confirme el criterio del TC sobre la «doctrina Parot»?
–La admisión ya es significativa, porque no es la norma general que el Tribunal de Estrasburgo admita a trámite recursos cuando se han dictado ya sentencias por el propio tribunal en las secciones. Mantengo el mismo criterio que el expresado en las sentencias que se han llevado a Estrasburgo, y esperamos que éste siente la doctrina definitiva. Deseo que Estrasburgo le dé la razón al TC, naturalmente.
–¿Qué supondría que Estrasburgo «tumbara» esa doctrina del TC?
–Pues que habría que aplicar los beneficios de redención de penas sobre la base de cumplimiento máximo de 30 años que preveía el Código Penal de 1973 y no sobre cada una de las penas sucesivamente, y no, como entendió el TC, sólo cuando el  tribunal sentenciador hubiera reconocido esa aplicación genérica. Ello supondría la puesta en libertad, prácticamente, de todos los que tuvieron reconocidos el beneficio y hubieran sido condenados con arreglo al referido Código de 1973.
–Al hilo de las elecciones vascas y del resultado de Bildu, ¿podría ser ilegalizada esta fuerza política pese a su presencia en la Cámara de Vitoria?
–Naturalmente. La Ley de Partidos Políticos permite la ilegalización a posteriori, después de unas elecciones y durante el mandato electoral. Bildu puede ser ilegalizada en cualquier momento, porque así lo permite la Ley de Partidos políticos, si incurre en cualquiera de las conductas que allí se prevén para esos supuestos y si el TC, en el correspondiente recurso de amparo, así lo resuelve. Cualquier organización política que incurra en favorecimiento del terrorismo debe ser ilegalizada.
–¿Qué le parecen las críticas a la excarcelación de Bolinaga?
–Parece que es un héroe, pero es un criminal, reo de asesinatos y de secuestro al que se le aplica la legislación penitenciaria que permite que en los casos de enfermedades terminales tenga que excarcelarse al reo.
–¿Qué opina sobre el referéndum que pretende convocar Artur Mas?
–Hay dos sentencias, la del Plan Ibarretxe y la del Estatut, en las que se establece que el referéndum es una competencia exclusiva del Estado, una consulta popular que tiene varias notas: señala al cuerpo electoral y se utiliza, por consiguiente, censo electoral; se sustancia con arreglo a un procedimiento puramente electoral con los recursos y las garantías jurisdiccionales de un procedimiento electoral, y no puede equipararse a las consultas populares de los ayuntamientos o comunidades autónomas, porque éstas entran dentro del ámbito de sus competencias y el referéndum es una competencia exclusiva del Estado, que utiliza el censo electoral y las demás características comentadas. Cuando concurran esas cuatro características, llámese como se llame, eso es un referéndum y no puede convocarlo una comunidad autónoma porque es competencia exclusiva del Estado. Las consultas que pueden hacer tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas no pueden revestir esas notas que caracterizan al referéndum y han de celebrarse en el marco de sus competencias. Y ello aunque venga bajo la fórmula de consulta.
–¿Es partidario de recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal?
–Pienso que no. No volvería a introducir el tipo delictivo de referéndum ilegal. La Constitución establece claramente cuáles son las competencias para convocarlo, y un referéndum que no se ajuste a lo anterior sería simplemente inconstitucional o ilegal. El elemento de delito no es siempre lo mejor, pero en realidad está suficientemente determinado en la Constitución cuándo es legal un referéndum.
–¿Piensa que está en riesgo la unidad de España tras los últimos vaivenes nacionalistas en Cataluña y País Vasco?
– Quiero creer que no está en peligro la unidad de España, pero sería deseable que no fuese real. Sin duda alguna, esto que se está produciendo es importante. Dicho esto, cualquier cosa que se salga de la Constitución precisaría una reforma constitucional, que debería exigir el consenso que produjo el texto constitucional de 1978. Sin embargo, es preciso reconocer que existen unas peculiaridades y señas de identidad, por ejemplo en Cataluña, que no son un invento por así decirlo de los catalanes, sino que hunden sus raíces en su historia más antigua. Estas señas de identidad son absolutamente respetables y las leyes, inclusive el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que se regula en la Constitución y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, es perfectamente modificable y puede tener sus peculiaridades. Pero todo ello exige diálogo político y un consenso al que apelamos todos los ciudadanos, incluido yo, que se debe producir, como se produjo para la elaboración de la Constitución.
 –En todo caso, ¿qué le parecen los procesos secesionistas de Cataluña y el País Vasco?
–Espero que las diferencias se solventen con diálogo y consenso y nunca poniendo en peligro la unidad de España.
–¿Se cumple en Cataluña el derecho constitucional a que un niño pueda recibir la educación en castellano?
–Las dos lenguas, el catalán y el castellano, son oficiales en Cataluña. Al final del ciclo educativo los alumnos deben conocer de la misma manera ambas lenguas, pero cuando una de las dos lenguas está en declive puede haber programas de inmersión lingüística que tiendan a recuperar el mismo nivel, pero al final los alumnos tienen que conocer con el mismo grado de precisión las dos lenguas cooficiales. Éste es el criterio que tiene fundado el TC. Son válidos los programas de inmersión lingüística siempre y cuando no deterioren este principio fundamental de conocimiento de las lenguas cooficiales con la misma precisión.
–¿Cree que el modelo autonómico actual está agotado y es necesario reformarlo?
–Yo creo que no está agotado y la prueba de ello es que el Tribunal Constitucional entiende de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, y de éstas entre sí. Es decir, que el diseño que estableció el Título VIII de la Constitución está todavía abierto y no cerrado. Y el TC ha contribuido mucho en lo que afecta a la distribución de competencias. El Estado autonómico no está agotado, ni mucho menos. Pero cualquier modificación que se establezca acerca de lo que hoy dice la Constitución debe hacerse a través de las modificaciones constitucionales correspondientes, en su caso, con el consenso que alumbró la Constitución y no unilateralmente.
–¿Tiene encaje constitucional la reivindicación nacionalista de contar con un Poder Judicial propio?
–En la Constitución española, el Poder Judicial es el único no compartido. Tener uno independiente que no culmine en el Tribunal Supremo no es posible. Lo que sí se puede hacer, a través de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es descentralizar el Consejo General del Poder Judicial, siempre y cuando se mantenga éste como órgano supremo de gobierno. Para eso no hace falta modificar la Constitución.
–¿Tiene sentido la Audiencia Nacional en un escenario sin terrorismo?
–Es un tribunal que nació para luchar contra el terrorismo, aunque ha ido llenándose de competencias. Si se quiere hacer del Tribunal Supremo un tribunal preponderantemente de unificación de doctrina a través del recurso de casación, no estaría mal un tribunal también de ámbito nacional en los cuatro órdenes jurisdiccionales, pero con competencias bien delimitadas que en la actualidad, en el orden penal, están demasiado abiertas. Yo le daría esas competencias si se quiere mantener y si no, la Audiencia Nacional no es un tribunal absolutamente necesario, no porque exista o no exista ETA, sino porque el resto de la organización judicial podría desempeñar su función; eso sí, con los debidos y meditados ajustes.
–¿Qué papel deben jugar las víctimas en el hipotético final de ETA?
–Las víctimas del terrorismo merecen, sin duda alguna, todo el respeto y toda la consideración y, además, la posible reparación, que no es naturalmente nada baladí y es muy difícil de conseguir porque los daños que se han producido con esta losa del terrorismo no se pueden olvidar. Las víctimas del terrorismo deben estar siempre presentes, como lo han estado para todas las instituciones, y también para el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el papel político que las víctimas deben representar? Deben ser los partidos quienes deben tener la sensibilidad necesaria para no confundirlos con los autores de los atentados y darles carta de entrada en sus propias determinaciones políticas que conduzcan, en definitiva, a la disolución de cualquier banda terrorista. ETA no se ha disuelto todavía y tiene que hacerlo porque la existencia de una organización terrorista es contraria, no sólo a la Constitución, sino también al Código Penal. Es una actuación delictiva que debe desaparecer terminantemente. Todas las fuerzas políticas están obligadas a exigir públicamente su disolución inmediata y eso lo digo con toda contundencia. No se puede mantener viva una organización terrorista diciendo que eso no es cosa nuestra.
–Eso va también por Bildu...
–Todas las fuerzas políticas, todas, deben exigir su disolución. En ningún Estado de Derecho, como es España, puede nadie mirar para otro lado cuando existe una organización terrorista todavía viva y con posibilidades de actuar. Eso es una vulneración completa del sistema democrático.
–¿Cuál es su valoración de la prisión permanente revisable que se va a incluir en la reforma del Código Penal?
–Cuando se apruebe, ya veremos, pero sin duda no se trata de una cadena perpetua, ya que es revisable si se produce la reinserción social. Está en manos del propio penado que sea perpetua o no, por tanto no es una privación perpetua de libertad e incluso el tiempo de permanencia en prisión podría ser inferior al actual máximo legal de 40 años e incluso menos de 30. En realidad, cadena perpetua no hay prácticamente en ningún país.
–¿Por qué cree que el TC arrastra esa imagen de politización?
–Asignar etiquetas del PP y PSOE a los magistrados transmite una imagen que no es en absoluto real. Los magistrados del TC en ninguna época han sido comisarios políticos, son absolutamente independientes. Decir que los jueces actúan a las órdenes de un partido es el mayor insulto que se les puede hacer, el delito más grave que se les puede imputar. Se deteriora mucho la institución. Esto no pasa en ningún país serio de nuestro entorno. No existen estas descalificaciones que tachan de comisario político a un juez. El problema de la independencia de un magistrado es un problema de honradez personal. Por lo tanto quien la cuestiona está insultando a un magistrado. El que es honrado es independiente.
–Entonces no es partidario de modificar el sistema de elección.
–No. No hace falta. Primero hace falta una llamada a la responsabilidad de las Cámaras Legislativas, que son las que proponen a los magistrados cuando la renovación corresponde al Congreso y al Senado, para que cumplan el mandato constitucional y no incurran en retrasos de hasta tres años, como ha sucedido últimamente. Hay una modificación legislativa en 2007 que establece la posibilidad de que se retrase el nombramiento, que es una barbaridad. Esa ley habría que derogarla o modificarla, porque es contraria a la Constitución, y habría que volver al sistema de que las fuerzas políticas sólo pueden retrasarse un tiempo prudencial, dos o tres meses, en las renovaciones, y  aun ello sólo cuando concurra causa justificada. Podría seguirse el criterio del TC alemán, cuya ley prevé que en caso de retraso injustificado el nombramiento  lo promocional el propio tribunal. Allí, con esta previsión, no se producen retrasos en la renovación. Ahí sí que me mojo.
–¿La investigación a Urdangarín demuestra que para la Justicia no hay intocables?
–A Urdangarín y a cualquier otro personaje incluso de mayor relevancia. Quiere decir que la Justicia funciona. Ya lo dijo el Rey y tenía toda la razón.
–¿Debería abordarse de una vez la regulación del derecho de huelga?
–El derecho de huelga está regulado en un decreto ley preconstitucional de 1977. Es un derecho fundamental que no puede ser menoscabado. Sin duda alguna, regularlo en una ley orgánica sería muy adecuado, pero siempre con consenso, no a gusto de un sector, pues tiene un contenido social que ni siquiera el legislador puede desconocer.
–¿Cómo vería que se crease en el Supremo una Sala de Garantías Jurisdiccionales?
–No soy partidario de sustituir el TC por una Sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo. Para eso haría falta una reforma constitucional que desposeyera al TC de su condición de «guardián de la Constitución», que que le reconoce el  texto constitucional. Además, se separaría del modelo más seguido en nuestro entorno europeo (Alemania, Italia, Austria,  Portugal, Francia, etc.) y los países emergentes del Este europeo y de América. Lo que sí podría hacerse, para evitar desencuentros entre el TC y el Tribunal Supremo, es atribuir el incidente de nulidad de actuaciones, previo al recurso de amparo ante el TC, a una Sala independiente de aquélla a la que se impute la violación del derecho, Sala que podría ser la del art. 61 del supremo para las Sentencias de las 5 Salas de este Tribunal, o la de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas
–¿Que opinión le mereció la salida de Dívar de la presidencia del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo?
–Lamento mucho lo que sucedió en aquella ocasión, pero es un asunto de la competencia del CGPJ, que fue quien lo resolvió y no tengo nada que añadir. Lamento, eso sí, todo el padecimiento que pudo sufrir Carlos Dívar desde el punto de vista personal.

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