Nueva York

Las naciones tullidas

La Razón
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Bajo la telaraña de la jaima, junto al gastado ejemplar de «El bodrio verde», guarda Gadafi la versión abreviada de las tablas de la ley internacional que le hizo llegar hace años el Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de un manual de consulta rápida del que sólo disponen los jefes de Estado y que permanece oculto al resto de los mortales, resignados a escuchar hablar de «la legalidad internacional» sin que nadie les explique en qué consiste. La crisis libia ha sacado a luz los siete artículos de esta Carta Universal de Derechos y Deberes de los Dictadores. Son éstos:

1º.- Todo dictador que cuente con los recursos suficientes para sofocar a sangre y fuego a sus opositores goza del derecho a permanecer como dictador sin que ningún otro gobierno le incomode. En caso de que el dictador necesite tiempo para completar adecuadamente la aniquilación de sus adversarios, el Consejo de Seguridad de la ONU, como el resto de las instituciones internacionales, cumplirá su obligación de dejar pasar el tiempo hasta que se pudran los cadáveres en las calles.

2º.- El bombardeo de poblaciones civiles tendrá la consideración de «incidente menor no deseado» cuando los medios de comunicación internacionales den prueba fehaciente de su existencia. Si no dan prueba, no hay bombardeo.

3º.- Los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprovecharán las crisis internacionales para examinar el grado de comodidad de las mejores suites de los hoteles de Nueva York, absteniéndose de personarse en la sede de Naciones Unidas, no vaya a ser que se los convoque para tomar decisiones. Cualquier intento de promover una resolución adversa a un sátrapa en ejercicio será castigada con la retirada de la inmunidad diplomática.

4º.- Los gobiernos democráticos, en caso de que su opinión pública demande respuestas, están legitimados para conjugar verbos encendidos y pretendidamente tajantes siempre que el efecto real de los mismos sea cero. Expresiones como «no toleraremos la represión», «ha perdido su legitimidad» o «su tiempo ha terminado» quedan expresamente autorizadas en el bien entendido de que no significan nada.

5º.- En el caso de los gobiernos no democráticos, cualquier explicación de sus decisiones se considera innecesaria. Son autoritarios, luego no tienen por qué explicarse.
6º.- Aquel dictador que haya neutralizado la oposición interna por el método que fuere tiene derecho a defender su buen nombre en todos los foros internacionales. A tal fin la comunidad internacional pondrá a su disposición un equipo de asesores jurídicos que dinamite el crédito del Tribunal Penal Internacional y organice la destrucción ordenada de todos los elementos probatorios.

Y 7º.- Todo dictador cuyo derecho a serlo haya sido reconocido por la ONU tiene el deber de ejercer su cargo sin descanso, sin escrúpulos y sin límite de tiempo. El dictador que incumpla su deber de serlo será removido legalmente de su puesto por cualquier medio. Repítase: por cualquiera.