La «transparencia» de Griñán no incluye comisiones de investigación

El PSOE mantiene que se celebren sólo si lo apoya la mayoría absoluta

Griñán y Moreno, ayer, momentos antes de las votaciones
Griñán y Moreno, ayer, momentos antes de las votaciones

SEVILLA- Tras la intervención de los líderes políticos del miércoles, el Debate sobre el Estado de la Comunidad se cerró ayer con las propuestas de resolución de los Grupos –antes intervino el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, que alabó el discurso de Griñán y acusó a Arenas de querer alcanzar el poder «a través del miedo»–. Era el momento para articular de forma clara las alternativas de cada partido y comprobar el grado de consenso que suscitan. Los números son claros: de las 35 que presentó el PP, el PSOE sólo apoyó una. Por el contrario, los populares aceptaron 12 de las 33 de los socialistas. En el caso de IU, de sus 35 iniciativas planteadas, el PP se sumó a 5 y el PSOE a 3.
Entre las 34 iniciativas del PP, el Grupo Socialista rechazó una reforma del reglamento de la Cámara para permitir «la creación de comisiones de investigación sin que se requiera mayoría absoluta, con un límite por periodo de sesiones o que se habilite el mes de julio para la celebración de Plenos. IULV-CA se abstuvo.
Otra de las iniciativas que tampoco contaron con el respaldo del partido que sustenta al Gobierno andaluz fue la de que «todas las declaraciones de la renta de los parlamentarios, altos cargos de la Junta y de extracción parlamentaria sean públicas». La medida incluía la publicación detallada «de sus gastos de representación, manutención, alojamiento, dietas e indemnizaciones diversas».
Tampoco salieron adelante propuestas para rebajar impuestos «en beneficio de las pymes, autónomos, el empleo, las familias y personas con discapacidad, que contemple la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones», así como «nuevas deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF para las familias con rentas bajas y numerosas».
Sobre el fraude de los ERE, el PP exigió que se rechazaran «las ilegalidades y las malas prácticas en la gestión de las ayudas sociolaborales», desde la falta de atención a los consejos de la Intervención a la discrecionalidad en el reparto de los fondos.
La única proposición desde la bancada popular que contó con el respaldo unánime fue la aprobación «con carácter urgente y sin más demoras de un nuevo Plan Andaluz de Formación Profesional que asegure un mayor reequilibrio territorial».
Por su parte, el PSOE sí vio como varias de sus aportaciones contaron con el apoyo de la oposición. Tenían interés los socialistas de que el PP respaldara instituciones de extracción parlamentaria como la Cámara de Cuentas, el Consejo Económico y Social o el Defensor del Pueblo –de las que ha prescindido María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Y así lo hicieron los populares, que se sumaron a la exigencia de que se les dote de medios a estos organismo «dentro de las posibilidades presupuestarias».
Igualmente hubo consenso entre los tres partidos con representación en la Cámara para encontrar un modelo de gestión con participación de la Junta en la gestión del Guadalquivir, incrementar la colaboración público-privada, reclamar más ayudas a los agricultores por «la crisis del pepino», defender la PAC, luchar contra el fraude fiscal o para convertir Córdoba en un referente mundial en la gestión de la cultura.