El PSOE aprueba en solitario su plan contra el empleo sumergido

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, no logró convencer con sus medidas para la regularización y el control del empleo sumergido, pese a tildar de «urgente e inaplazable» la nueva normativa. Según sus palabras, clave «para el equilibrio presupuestario y para recuperar la competitividad y la actividad económica», al tiempo que, confió, permitirá un mejor crecimiento económico y la creación de empleo. Según Gómez, un plan de medidas «contudentes». Para la oposición, «una chapuza». No obstante, todos los grupos coincidieron en acusar una «amnistía» a las empresas y en tildar el plan de insuficiente. Para el portavoz de PP, José Ignacio Echániz, una prueba de que «el Gobierno es incapaz de tener un plan para luchar contra el desempleo». En cualquier caso, Gómez logró convalidar un decreto ley que endurecerá las sanciones administrativas a las empresas y a los trabajadores y que, en algunos casos, llegará incluso a multiplicar por cinco las multas que se dictaminen.

Asimismo, aunque la norma establece un periodo de regularización voluntaria hasta el 31 de marzo, el decreto contempla que, a partir del 1 de agosto, subirá la cuantía de las multas y se incrementarán, en un 10%, las actuaciones de inspección. De este modo, será a partir del mes de agosto cuando cualquier empresa que incumpla la obligación de dar de alta de un trabajador en la Seguridad Social será penalizada, como mínimo, con una multa de 3.126 euros, es decir, cinco veces superior a la actual, cifrada en 626 euros. Asimismo, se incrementará la cuantía de la sanción máxima, que pasará de los 6.250 hasta los 10.000 euros. Por otro lado, cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos «en negro» se penalizará a la empresa con una sanción mínima de 10.000 y máxima de 187.515 euros. Para Gómez, «un mensaje de tolerancia cero frente al empleo irregular».