Impuesto electoralista

Al fin parece que el Gobierno tiene decididos los retoques fiscales en los próximos Presupuestos Generales del Estado, después de meses de elucubraciones, amagos y rectificaciones. El Gobierno planea crear un nuevo tramo de IRPF de entre el 45% y el 47% para las rentas superiores a los 120.000 euros, es decir, al menos un par de puntos porcentuales más que el actual tipo marginal máximo del 43%. Rodríguez Zapatero había repetido en varias ocasiones que los españoles con más ingresos deberían hacer un esfuerzo mayor para contribuir a salir de la crisis. La realidad es que la subida del IRPF planteada afectará a unos 170.000 contribuyentes, el 1,14% del total de declarantes, según las estimaciones más recientes de los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda . En términos de recaudación, la aplicación de un tipo marginal del 45% supondría un montante adicional de 435 millones de euros. Si el nuevo tipo fuera del 47%, la cifra sería de 990 millones. La utilidad, por tanto, de la subida no se puede calibrar en función de su contribución al equilibrio de las cuentas públicas ni del alivio del ajuste fiscal impuesto por las autoridades comunitarias. A diferencia de lo que predica el Gobierno, no hay un argumento sólido para sostener que esta vuelta de tuerca a las rentas más altas tenga un motivo económico. Es, por supuesto, político. Con una huelga general a la vuelta de la esquina y una sangría de apoyos en sus bases tradicionales por los recortes del Estado de bienestar más importantes de la democracia, el Ejecutivo quiere recuperar terreno por la izquierda con este movimiento táctico que, sin embargo, envía un mensaje nocivo a los mercados y a la sociedad. Las subidas de impuestos disuaden a los inversores, retienen el consumo y traban la actividad económica. No son útiles en momentos de crisis ni desde luego simpáticas, por mucho que la vicepresidenta Elena Salgado esté convencida de que las personas con mayor capacidad están encantadas de realizar un esfuerzo para contribuir a la reducción del déficit, como comentó ayer en el Congreso para recriminar al PP que no se sumara con igual entusiasmo a la subida de impuestos. Pero bromas de ministra aparte, lo cierto es que la política económica del Gobierno socialista sigue arrastrando sus pecados originales, por mucho que se hayan emprendido a regañadientes y bajo la presión de nuestros socios comunitarios y de Estados Unidos unas reformas que son insuficientes. El problema no es que tal o cual medida sea o no progresista, sino que responda con eficacia a un escenario crítico y que dé resultados. No es el caso de la concatenación de parches de este Gobierno, sumido en la improvisación y en la resistencia a asumir la realidad tal y como es. Con el debate de los impuestos, se ha vuelto a generar desconfianza. El PSOE ya los subió y no poco –IVA e impuestos especiales, entre otros– con el resultado conocido, y ahora exprimirá más a unos miles de ciudadanos para que su imagen mejore entre las bases. Se equivocó antes y lo hace ahora. Una economía que arrastra cuatro millones y medio de parados necesita incentivos y estímulos, no lastres ni castigos.