La Cámara de Cuentas fiscalizará el «caso Velasco»

Tras el escándalo de las subvenciones concedidas a la empresa de la esposa del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco –que se saldó con su marcha del partido y renuncia al acta de parlamentario–, la Junta de Andalucía ha reaccionado y anunció ayer que pedirá a la Cámara de Cuentas que fiscalice las ayudas destinadas a la formación profesional para el empleo entre los años 2005 y 2010. A propuesta del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el Consejo de Gobierno acordó la solicitud porque «el Gobierno andaluz es el primer interesado en que la claridad se imponga a las sospechas que ha creado el PP», tal y como apuntó la consejera de Presidencia, Mar Moreno.

No obstante, será el Parlamento andaluz el que tendrá que dar el visto bueno definitivo a una iniciativa que se anuncia tan sólo unos días después de que Griñán, en sede parlamentaria, asegurara al presidente del PP-A, Javier Arenas, que si las ayudas merecen fiscalización, «las mandamos a la Cámara de Cuentas mañana mismo, el ejercicio que usted quiera».
Previamente, Arenas preguntó al presidente de la Junta que si podía «garantizar de la A la Z la correcta utilización de los fondos de formación» y le emplazó a aceptar la creación de una comisión de investigación si el PP constata que el caso de la esposa de Velasco «no es un asunto aislado». Moreno, por su parte, no se refirió en ningún momento a la petición de Arenas. Un fórmula que, sin embargo, lleva sin celebrarse casi 15 años en la Cámara andaluza.

Sí quiso la consejera de Presidencia despejar cualquier duda sobre la política de subvenciones que lleva a cabo la Junta. «Estas ayudas han sido importantes y útiles para crear empleo», remarcó, no sin antes especificar que el Gobierno andaluz pondrá a disposición de la Cámara de Cuentas todos los expedientes de subvenciones relativas a la formación profesional.

Sin embargo, el órgano fiscalizador andaluz ha alertado en numerosos informes de la opacidad de la Junta a la hora de conceder ayudas. En 2008 puso de relieve la existencia de 468 millones de euros pendientes de justificación, el 87 por ciento relativo a la Consejería de Educación. LA RAZÓN avanzó en diciembre de 2009 que la Consejería de Justicia recurrió en 2007 a la multiplicación de contratos para sortear el control público. Igualmente, la Cámara de Cuentas instó a que todas las fundaciones públicas se incluyeran en los Presupuestos, un requerimiento que ha incumplido año a año el Ejecutivo de Griñán.

Aunque el Gobierno andaluz quiera revestir de legalidad su actuación remitiendo el asunto a este órgano, en realidad no le da mucha credibilidad. «La Cámara de Cuentas se basa en intuiciones», llegó a declarar el anterior portavoz Pérez Yruela en 2009.